BUCAREST, 11 (DPA/EP)
El presidente de Rumanía, Klaus Iohannis, ha ratificado este viernes una controvertida reforma legislativa (SIIJ) que elimina una unidad especial de la Fiscalía responsables de investigar posibles casos de corrupción dentro de la judicatura.
La norma, avalada por el Parlamento y el Tribunal Constitucional, ha sido ampliamente criticada por algunos sectores políticos y de la sociedad rumana, que considera que con ella se ponen trabas a la lucha contra la corrupción y el crimen organizado.
Una de las críticas ha llegado desde la Comisión Europea, donde su vicepresidenta, la checa Vera Jourova, quien le ha trasladado su «preocupación» por esta medida aprobada al ministro de Justicia, rumano, Catalin Predoiu.
«Seguiremos de cerca las discusiones con la Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho (Comisión de Venecia) y haremos un balance del resultado del proceso legislativo para desmantelar la SIIJ», ha escrito en Twitter Jourova.
Con esta nueva ley –que Iohannis podría haber devuelto Parlamento para que fuera nuevamente analizada– el personal de la judicatura sospechoso de haber cometido algún delito deberá ser ahora investigado por los fiscales designados por sus superiores a nivel regional o local.
Organizaciones de juristas y defensores de Derechos Humanos sostienen que es ineficaz y que la independencia de los investigadores podría quedar en entredicho al proceder de la mismas estructuras que se están investigando.
