Desde 2020 su asesoría jurídica atiende 41 casos de violencia a mujeres, 27 de agresión sexual, incluidas en grupo y continuadas
MADRID, 12 (EUROPA PRESS)
La Confederación Española de Asociaciones de Atención a las Personas con Parálisis Cerebral (Aspace) ha denunciado el archivo de tres casos de agresión sexual a mujeres con parálisis cerebral con problemas orales al no admitir la justicia sus testimonios emitidos por métodos de Comunicación Aumentativa y Alternativa (CAA), que consiste en el uso de herramientas de apoyo –como sintetizadores, cuadernos silábicos, gestos o escritura– para expresarse.
La delegada de Derechos Humanos y coordinadora de Incidencia de Aspace, Ángeles Blanco, ha lamentado, en declaraciones a Europa Press, el sobreseimiento de esto casos, que, en concreto, se trataban de violaciones, dos de ellos violaciones múltiples y la otra continuada en el tiempo durante un período de dos años.
En estos casos «gravísimos» se ha dictado el archivo al entenderse que la CAA «no es valida para comparecer en juicio», ha relatado Blanco, quien ha detallado que en las tres situaciones el «único testimonio» es el de la víctima por lo que no se ha podido respaldar con un testigo. Al no admitirse, el agresor queda «impune» y ello supone una «enorme vulneración de derechos» por las «barreras de acceso a la justicia».
Estos casos, de los que Aspace aún realiza un seguimiento, son solo tres de los 41 de violencia contra mujeres con parálisis cerebral que han llegado a la asesoría jurídica de la Confederación desde que se pusiese en marcha en mayo de 2020.
De ellos, 27 casos corresponden a delitos de agresiones sexuales –cinco de ellos en grupo– y dos a explotación sexual, todos ellos sobre usuarias de CAA. Esta violencia sexual se ha producido en «contextos normalizados», ha alertado Blanco, ya que se trata de sucesos en el marco del entorno familiar –a manos de padres, hermanos o sobrinos–, ocio y deporte –monitores– y educativo –profesorado y, en mayor medida, alumnado–.
Además, Aspace ha recibido también seis casos de violencia sexual digital en el contexto de pareja –amenazas de envío de fotografías o vídeos íntimos–, otros cinco de violencia de género y uno de violencia intrafamiliar contra una mujer trans.
Sobre la violencia sexual, Blanco ha advertido de que la situación de pluridiscapacidad y dependencia por parálisis cerebral –el 80% de mujeres tiene necesidades de apoyo– conduce, en muchos casos, a bajos niveles de autoestima y al desarrollo de depresión, lo que motiva que cuando una persona con intención exclusivamente sexual se aproxima a las víctimas, estas tienden «a romantizar la situación».
«Cuando las mujeres se dan cuenta de que la intención es puramente sexual ya han caído en la trampa, ya han sido agredidas porque su consentimiento ha sido viciado por esa falsa apariencia de amor», ha alertado al respecto.
Todo ello, se produce en un contexto social capacitista en el que las mujeres con parálisis cerebral «no son percibidas socialmente en su condición de mujer», sino como «perceptoras de cuidados ajenas a la reproducción de roles de género», ha criticado. A su juicio, esta percepción las sitúa, de forma errónea, en una «posición social de aparente protección frente a todas las manifestaciones de violencia».
Sin embargo, la realidad es que la suma de «capacitismo, plurisdiscapacidad, dependencia, y bajo nivel de autoestima» da origen a una «mayor vulnerabilidad social invisible a la sociedad», lo que supone falta de políticas públicas de prevención, detección y abordaje de la violencia contra estas mujeres.
FALTA DE ACCESIBILIDAD A JUSTICIA Y RECURSOS
Por otro lado, Blanco ha ahondado en la falta de acceso a la justicia para estas mujeres cuando solo se pueden comunicar por CAA, especialmente en el caso de la Alternativa, el método que usan las personas que carecen de comunicación oral –la Aumentativa se utiliza en personas con dificultad para la articulación de palabra pero que sí pueden comunicarse de forma oral en determinados entornos–. Y es que, las leyes procesales no contemplan este tipo de comunicación.
Así, la falta de reconocimiento de la CAA en la justicia se convierte en un «blindaje para el agresor, quien «conoce y aprovecha las bajas probabilidades de admisión del testimonio de la víctima». «Si yo tengo posibilidad en un juicio de utilizar lengua extranjera o de signos, ¿por qué no tengo la posibilidad de utilizar CAA?», ha cuestionado Blanco al respecto.
Cuando sucede esto, estas mujeres tienen que solicitar a la Fiscalía que admita su comparecencia dentro del concepto jurídico de «ajuste razonable», lo que conduce a «interpretación e inseguridad jurídica». De hecho, en la mayoría de los casos finalmente la comparecencia de la víctima es «denegada». «Los casos más graves de violencia sexual contra las mujeres con parálisis cerebral están escapando de la justicia por falta de ajustes procedimentales», ha condenado.
Por otro lado, Blanco ha criticado la falta de acceso de estas mujeres a los recursos públicos en casos de violencia, que limita la respuesta para sacar a estas mujeres de los lugares donde están siendo víctimas.
Cuando Aspace recibe un aviso procede en función de su gravedad, lo que supone que en los peores casos se actúe primero sacando a las víctimas de su contexto. En casos de violencia de género, estas tienen la posibilidad de acudir a casas de acogida de las administraciones, si bien estas no suelen estar adaptadas ni cuentan con personal –cuidadores o logopedas– que puedan «prestar el apoyo» que necesitan mujeres con parálisis cerebral.
«Eso nos lleva a activar casi todos los recursos dentro del contexto Aspace, buscar alguna de nuestras entidades y lograr alguna plaza de urgencia», ha detallado, para señalar que, por otra parte, en los casos de violencia sexual fuera del contexto de pareja, que no se entiende como violencia de género, estas mujeres no pueden acceder a la casa de acogida o justicia gratuita.
