QUITO (AP) — Organizaciones feministas y activistas por los derechos de las mujeres rechazaron el miércoles el veto parcial del presidente ecuatoriano Guillermo Lasso a una ley que permite el aborto si el embarazo fue producto de una violación.
En una de sus objeciones el mandatario indicó que para acceder al aborto la mujer debe presentar una denuncia de violación, un certificado médico o un declaración jurada suya o de sus representantes.
Estefanía Chávez, abogada de la organización feminista Surkuna, dijo a The Associated Press que esto no considera que muchos casos de abuso se dan dentro del entorno familiar y esos requisitos “victimizan nuevamente a la mujeres o niñas agredidas”.
Agregó que lo planteado por Lasso “no toma en cuenta el derecho de las mujeres de privilegiar su acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva. Se hace evidente que el presidente proyecta sus creencias personales en cuanto al aborto”.
Lasso propuso 61 textos alternativos para mejorar o ampliar esa ley y argumentó que “mis decisiones siempre se enmarcarán en los límites definidos en mis funciones constitucionales”.
Entre los cambios propuestos por el Ejecutivo están unificar los plazos máximos para la realización de un aborto -en las ciudades es de 12 semanas y en el sector rural es de 16-, regular su práctica y ampliar la objeción de conciencia para los médicos que se nieguen a practicarlos.
En su cuenta de Twitter, la activista Catrina Tala señaló que “utilizar el discurso de igualdad para justificar un veto que evidencia el desconocimiento de la realidad de mujeres y niñas es cruel. La ignorancia insulta, somos seres humanos todos, pero no vivimos en igualdad. No tenemos los mismos accesos, mucho menos la mismas oportunidades”.
En Ecuador se han denunciado miles de casos anuales de violación y de criminalización del aborto, que por otras causas es castigado con penas de cinco a siete años de cárcel para las madres y con uno a tres años para quien les ayude a practicarlo.
La Fiscalía de Ecuador registró entre 2016 y 2020 más de 27.000 denuncias de violación.
La activista María Sol Borja destacó en Twitter que “el veto presidencial mira con sospecha a las mujeres, el Estado duda de su palabra y de su condición de víctimas. Esta no es la única cachetada -aunque sí la más grave- que Lasso ha dado a las mujeres en la última semana”.
De acuerdo con cifras de la Secretaría de Derechos Humanos, anualmente más de 3.000 niñas de entre 10 y 14 años quedan embarazadas, mientras que el 12% de las jóvenes de 10 a 19 años han estado embarazadas al menos una vez.
Sybel Martinez, activista por los derechos femeninos, añadió que “el veto parcial… constituye una negación a los derechos humanos de las niñas, mujeres y personas con capacidad de gestar en experiencias límite. Es discriminatorio y de una crueldad absoluta”.
A mediados de febrero la Asamblea aprobó la llamada Ley de Interrupción del Embarazo por Violación para normar una decisión de la Corte Constitucional que en abril del año pasado despenalizó el aborto en estos casos.
Entre los países americanos que permiten la interrupción del embarazo sin ninguna condición están Argentina, Uruguay y Cuba. Estados Unidos y Canadá también lo permiten, mientras que en Bolivia, Colombia y Perú es posible en casos de violación o incesto.
El Salvador, Nicaragua, Honduras y República Dominicana prohíben la interrupción del embarazo sin excepciones.
