MADRID, 18 (EUROPA PRESS)
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz se desplazará a Argentina el próximo 18 de abril para tomar declaración a una serie de testigos que podrían arrojar luz en la causa sobre las supuestas comisiones que Isolux Corsán y su excúpula directiva entre 2008 y 2015 habría pagado a una asociación ilícita dirigida por el expresidente de Argentina Néstor Carlos Kirchner y la actual vicepresidenta, Cristina Fernández.
Según ha adelantado ‘El Independiente’ y han confirmado a Europa Press fuentes jurídicas, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 buscar impulsar las pesquisas y dilucidar si se abonaron una serie de mordidas con el fin de conseguir en 2007 la adjudicación de la construcción de una central termoeléctrica en Río Turbio (Argentina).
Estas nuevas diligencias devienen de la querella que la Fiscalía Anticorrupción interpuso en 2020 contra el Grupo Isolux Corsán y contra los que fueran sus responsables en España. En concreto, el expresidente Luis Delso –imputado en el ‘caso Pujol’ y a quien en el ‘caso Gürtel’ se le apuntó como el posible ‘Luis, el cabrón’, después de que Álvaro Pérez ‘el Bigotes’ dijera que le «bautizó» así por una deuda–, el vicepresidente, consejero delegado y director financiero entre el citado periodo.
En un comunicado emitido hace dos años, Anticorrupción explicaba que las acciones no se dirigían contra los ciudadanos argentinos responsables de la sucursal en Argentina, dado que ya estaban procesados y pendientes de juicio en ese país por aquel entonces.
LOS ‘CUADERNOS DE LA CORRUPCIÓN’
La querella se sustentaba en la investigación llevada a cabo por la justicia argentina en el conocido como caso ‘cuadernos de la corrupción’, según la cual durante los años 2003 a 2015, varios funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional habrían constituido una asociación ilícita, dirigida por el ahora fallecido Kirchner y su mujer, dedicada al cobro de comisiones ilícitas vinculadas a la concesión de obras públicas a diversas empresas.
Anticorrupción señalaba que, según el juez a cargo de esa investigación, «entre los años 2008 a 2015 el Grupo Isolux Corsán habría efectuado, al menos, 19 entregas de dinero a tales funcionarios, cada una de ellas por regla general por un importe de 300.000 dólares».
La investigación apuntó que, aunque esas entregas se ejecutaron por los responsables locales de Isolux, fueron «autorizadas» por la matriz española que, además, transfirió periódicamente los fondos necesarios para ello desde España.
El Ministerio Público recordó en su escrito que, además del normal ejercicio de sus funciones, la acción de la Fiscalía Anticorrupción se dirigía a dar cumplimiento a los compromisos internacionales adquiridos por España tras la ratificación en el año 2000 del Convenio de lucha contra la corrupción de funcionarios públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales hecho en París el 17 de diciembre de 1997.
