MADRID, 18 (EUROPA PRESS)
El ex ministro de Defensa de Perú, Juan Carrasco Millones, ha confirmado que el Gobierno peruano acudirá ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para revertir el fallo del Tribunal Constitucional que permite la excarcelación del expresidente Alberto Fujimori.
Según recoge RPP, Carrasco ha asegurado que están «coordinando acciones» para revertir este fallo «indignante» que «revictimiza a las familias y a los agraviados de los crímenes por los que fue sentenciado el exmandatario».
«(Hay) un equipo de abogados, el doctor Félix Chero, que lo conforma, con la finalidad de esperar primero la notificación oficial y formal de parte del Tribunal Constitucional, y luego asumir las acciones que correspondan», ha dicho, tal y como recoge el diario peruano ‘El Comercio’.
«Existen mecanismos constitucionales (que) Perú va a acudir en el momento en que seamos notificados y veamos también cuáles son los alegatos, el sustento y fundamentos del Tribunal Constitucional para emitir este fallo que, definitivamente para todos los peruanos que creemos en la democracia y la justicia, resulta totalmente indignante», ha agregado.
El juez Augusto Ferrero ha hecho valer su voto de calidad para dirimir el empate a tres que se habría producido durante la votación, ha informado el diario ‘La República’. En la actualidad, Fujimori cumple una condena de 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad por las matanzas La Cantuta y Barrios Altos.
Fujimori recibió el indulto humanitario por su delicado estado de salud en diciembre de 2017 por parte del expresidente Pedro Pablo Kuczynski en lo que fue un intento desesperado por evitar los votos de Fuerza Popular en la moción de censura que se presentó contra él por corrupción.
El perdón fue anulado en octubre de 2018, cuando el Tribunal Supremo de Perú ordenó su captura amparándose en la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta para la cual no cabe indulto humanitario al tratarse de delitos de lesa humanidad.
A su vez, en el fallo del juez Supremo Hugo Núñez Julca también se hizo mención a las irregularidades que Kuczynski cometió al otorgar el indulto al expresidente, con su hijo Kenji Fujimori y otros congresistas de Fuerza Popular medrando en esa operación.
La Justicia de Perú también aprobó a mediados de diciembre la apertura de un proceso penal contra el expresidente, así como varios de sus ministros de Salud, por el caso de esterilizaciones forzosas a casi 350.000 mujeres y 25.000 hombres de diferentes comunidades indígenas durante su gobierno entre los años 1990 y 2000.
REACCIÓN DE CASTILLO Y TORRES
Tras conocerse la resolución del Constitucional, el presidente del país, Pedro Castillo, ha manifestado su rechazo, pues considera que la decisión es un reflejo de la «crisis institucional» que vive Perú y a la que ya aludió esta misma semana durante una intervención en el Parlamento.
«La crisis institucinal a la cual me referí en mi mensaje al Congreso se refleja en la última decisión del Tribunal Constitucional», ha declarado Castillo en un mensaje en sus redes sociales.
Además, el mandatario ha instado a los órganos de justicia internacional a los que está adscrito Perú a que cautelen «el ejercicio efectivo de la justicia para el pueblo» de la nación andina.
Por su parte, el primer ministro de Perú, Aníbal Torres, se ha manifestado en los mismos términos que su presidente y ha lamentado que esta decisión demuestra que en el país «tienen justicia los criminales».
«Es una sentencia que viola los Derechos Humanos de todos los peruanos y demuestra que en Perú tienen justicia los criminales, y no las personas decentes y honestas», ha declarado Torres ante la emisora Radio Exitosa.
El jefe del Gobierno ha criticado con dureza al organismo pues considera que sirve para «atentar contra los derechos fundamentales» y que, además, ha tomado una decisión en favor de «una de las personas más criminales de Perú».
Finalmente, Torres ha aseverado que el Tribunal Constitucional debería «desaparecer» porque le cuesta «muchísimo dinero» a la ciudadanía y se dedica a «proteger a los más poderosos».
