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¿Medida necesaria? Emiten alerta migratoria contra Sandra Cuevas

La alcaldesa de la Cuauhtémoc y otros trabajadores fueron acusados de agredir a dos policías de la SSC

Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc, sale de su vehículo para ingresar a los juzgados. FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM

El Instituto Nacional de Migración (INM) informó que luego de la vinculación a proceso de la alcaldesa con licencia de la Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, se emitió una alerta migratoria para tener conocimiento sobre si registra salidas del país, acción que le fue prohibida por las autoridades.

“El INM emitió una alerta migratoria a nombre de Sandra C, Jessica H, José Francisco D y Marlon A derivado de su vinculación a proceso por la autoridad judicial, esto con el propósito de verificar, registrar e informar a las autoridades respectivas sobre los movimientos de ingreso-salida de las personas mencionadas, a través de los 194 puntos de internación aéreos, marítimos y terrestres del territorio nacional”.

Fue este jueves cuando Sandra Cuevas y sus colaboradores fueron vinculados a proceso por su probable participación en los delitos de robo calificado y abuso de autoridad; en el caso de la alcaldesa, también por la probable comisión del delito de discriminación.

De acuerdo con Ulises Lara, vocero de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, se fijó como plazo para el cierre de la investigación complementaria dos meses, que se cumplen el próximo 17 de mayo y ordenó girar oficio para reiterar las medidas cautelares, impuestas el pasado lunes.

Las medidas consisten en la suspensión temporal del cargo, pero no su remoción, de Sandra Cuevas y sus colaboradores involucrados, prohibición para salir del país sin autorización, no podrán acercarse ni contactar a las víctimas y obligación para presentarse a firmar de manera periódica ante la Unidad de Medidas Cautelares.

“El uso de cualquier tipo de violencia física, verbal, psicológica o institucional, generada por la propia autoridad, es contrario al principio de responsabilidad constitucional que tenemos los servidores públicos. Atentar contra la dignidad de las personas bajo el amparo del poder que otorga un cargo público, es inadmisible”, añadió Lara.

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