CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — Un día después de que una reconocida jueza se exiliara debido al hostigamiento y las amenazas por investigar casos de corrupción, el presidente guatemalteco Alejandro Giammattei dijo el martes que su gobierno está comprometido en la protección de los miembros del Poder Judicial.
“Mi gobierno tiene un fuerte compromiso con el respeto del Estado de derecho y con garantizar la seguridad de todos los miembros del Poder Judicial para que estén libres de presiones, amenazas o injerencias externas de cualquier tipo”, escribió el presidente en su cuenta de Twitter.
Tras la publicación de su mensaje el mandatario recibió cientos de insultos, quejas y reclamos por la salida del país de la jueza Erika Aifán, quien la víspera anunció su renuncia al cargo debido al temor por su integridad física y se exilió en Estados Unidos.
Aifán tenía en su haber al menos 20 casos de alto impacto en los que dirigió la investigación o envió a juicio a grandes empresarios, políticos, jueces y civiles acusados de corrupción o de otros delitos.
Uno de ellos fue la investigación contra cinco influyentes empresarios ligados a un proceso en 2018 por financiamiento no registrado de la campaña política del expresidente Jimmy Morales (2016-2020).
La jueza también denunció al fiscal que llevaba el proceso contra los empresarios, Rafael Curruchiche, por intentar beneficiarlos pidiendo que se cerrara el caso.
Pero los ataques y amenazas contra la jueza se intensificaron tras conocerse que había recibido la declaración de un testigo que narró cómo el exministro de Comunicaciones de Morales, José Benito -actualmente preso- habría entregado unos cinco millones de dólares a la campaña política de Giammattei.
Aifán confirmó a periodistas el lunes que el presidente le pidió copia de la declaración del testigo pero que ella se la negó porque según la ley solamente las partes pueden tener acceso al proceso y Giammattei no es parte del mismo ya que por su investidura goza del derecho de inmunidad, por lo cual aún no puede ser investigado.
Curruchiche fue ascendido a Jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad por la fiscal general Consuelo Porras e inició acciones contra Aifán solicitando que se le retirara la inmunidad para investigarla por sus decisiones judiciales.
Giammattei ha dicho que Porras es su amiga. La jefa del Ministerio Público fue sancionada por el gobierno estadounidense que le retiró la visa de entrada a ese país “por socavar la democracia y obstruir investigaciones sobre actos de corrupción”. Porras, quien termina su periodo en abril, quiere reelegirse y es el presidente Giammattei quién debe tomar la decisión.
