LEÓPOLIS, Ucrania (AP) — Durante un mes, las fuerzas rusas han atacado en repetidas ocasiones instalaciones médicas de Ucrania, impactando hospitales, ambulancias, médicos, pacientes e incluso recién nacidos. The Associated Press ha documentado de manera independiente por lo menos 34 ataques de este tipo.
Con cada nuevo ataque aumenta el clamor público para que el presidente ruso Vladimir Putin, sus generales y los principales asesores del Kremlin sean procesados por crímenes de guerra.
Para enjuiciarlos, los fiscales deberán mostrar que los ataques no son meramente accidentes o daños colaterales. El patrón emergente, monitoreado día a día por la AP, muestra evidencias de un ataque consistente e implacable contra la misma infraestructura civil diseñada para salvar vidas y proporcionar un refugio seguro a los más vulnerables en Ucrania.
Los periodistas de la AP en Ucrania han visto personalmente los resultados letales de los ataques rusos contra objetivos civiles: Los últimos momentos de niños cuyos pequeños cuerpos fueron destrozados por la metralla o a los que les volaron las extremidades; docenas de cadáveres, incluidos los de niños, amontonados en fosas comunes.
Los ataques deliberados contra hospitales probablemente serán una de las principales prioridades para los fiscales de crímenes de guerra.
Este recuento de los ataques contra instalaciones médicas forma parte de una labor más grande de la AP y la serie Frontline de PBS para rastrear evidencia de potenciales crímenes de guerra cometidos durante uno de los mayores conflictos en Europa desde el final de la Segunda Guerra Mundial.
El proyecto War Crimes Watch Ukraine lanzado por la AP y Frontline incluye detalles de presuntos ataques dirigidos así como de la destrucción indiscriminada de edificios e infraestructuras civiles. La base de datos en internet de AP/Frontline seguirá actualizándose mientras dure el conflicto. El objetivo es proporcionar un recuento independiente de los acontecimientos, al margen de las afirmaciones potencialmente exageradas de los defensores, o de la desinformación difundida por la propaganda respaldada por el Estado.
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Este despacho forma parte de una investigación en curso de The Associated Press y Frontline que incluye la experiencia interactiva War Crimes Watch Ukraine y un próximo documental.
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El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos confirmó que por lo menos 1.035 civiles, incluidos 90 niños, han muerto en las cuatro semanas transcurridas desde el inicio de la guerra. Otros 1.650 civiles han resultado heridos. Estas cifras son, sin duda, un recuento insuficiente, ya que decenas de cuerpos yacen ahora bajo los escombros de edificios demolidos, fueron enterrados apresuradamente en fosas comunes o las muertes ocurrieron en áreas que ahora están bajo control de las fuerzas rusas.
Aun así, los funcionarios rusos han negado haber atacado objetivos civiles, ridiculizando la creciente documentación de atrocidades como “Noticias Falsas” y afirmando sin pruebas que los civiles muertos y heridos fotografiados eran “actores de la crisis”.
Los ataques militares contra la población civil y sus bienes están generalmente prohibidos por las leyes internacionales que rigen los conflictos armados desde hace más de un siglo.
Los ataques contra instalaciones y personal médico se consideran especialmente atroces según el derecho internacional, que estipula que deben ser protegidos. Sin embargo, atacar un hospital no es necesariamente un crimen de guerra. Los fiscales deben demostrar que la destrucción es intencionada o imprudente.
Pero cada vez son más las pruebas de tales ataques en Ucrania verificadas por la AP y Frontline, lo que desmiente las afirmaciones rusas de que fueron escenificados, autoinfligidos o justificados militarmente.
Uno de los ataques más documentados fue el bombardeo del 9 de marzo contra un hospital infantil y de maternidad en Mariúpol. Dos periodistas de la AP, el último medio de comunicación internacional que permaneció en la ciudad tras ser rodeada por las fuerzas rusas, llegaron al hospital minutos después de la explosión.
Vieron un cráter humeante de dos pisos de profundidad en el patio interior, rodeado por los restos retorcidos y quemados de varios coches. La fuerza de la explosión arrancó las fachadas de tres edificios circundantes, reventando las ventanas y destrozando las habitaciones del interior.
Los periodistas de la AP tomaron fotos y vídeos de los supervivientes aturdidos que salían del hospital. Una mujer embarazada llevada en camilla se sujetaba el vientre, con la sangre manchando sus pantalones deportivos, y con el rostro pálido. Posteriormente murió en un hospital cercano, de acuerdo con el médico Timur Marin, uno de los cirujanos que trató de salvarle la vida. El bebé de la mujer tampoco sobrevivió.
Otra embarazada, Mariana Vishegirskaya, con la cara ensangrentada, se aferró a sus pertenencias en una bolsa de plástico y se abrió paso por unas escaleras llenas de escombros hasta salir del hospital en ruinas.
Vishegirskaya fue trasladada a otro hospital cercano, el Hospital Regional de Cuidados Intensivos de Mariúpol, donde dio a luz al día siguiente a una niña a la que llamó Veronika.
Funcionarios del Kremlin reconocieron que los aviones rusos habían atacado el hospital, pero insistieron en que todos los pacientes y el personal habían sido evacuados previo al bombardeo.
En una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU celebrada un día después del incidente, el embajador ruso Vassily Nebenzia declaró que las embarazadas documentadas por los periodistas de la AP eran “actrices de crisis” que interpretaban el papel de víctimas para inculpar a Rusia.
Los ataques contra instalaciones médicas en Ucrania comenzaron con al menos dos ataques el primer día de la guerra.
El 24 de febrero, una organización local de medios de comunicación publicó una fotografía en Twitter del Hospital Infantil No. 1 en Donetsk, que fue impactado por artillería que dañó su último piso. La AP concluyó que la fotografía coincide con las imágenes del hospital de antes de la guerra.
Otra fotografía publicada en Twitter mostró una gran explosión e incendio en el Hospital Central de Vuhledar, junto con el cono de la nariz arrugado de un cohete. Cuatro civiles murieron.
Chris Weakley, extécnico de desactivación de explosivos del ejército estadounidense, identificó el cono como procedente de un misil balístico ruso Tochka, utilizado para transportar municiones en racimo.
El almacenamiento y uso de municiones en racimo está prohibido bajo una convención internacional firmada por 110 países, pero Rusia y Ucrania no están entre ellos. Sin embargo, su uso en zonas civiles es, por definición, indiscriminado: una violación al derecho internacional humanitario.
El Hospital Clínico Infantil Regional no. 1 de Járkiv también fue alcanzado por una bomba de fragmentación, hiriendo a un miembro del personal. Las fotografías publicadas en la cuenta de redes sociales del hospital muestran una bomba sin explotar. Weakley la identificó como una submunición de racimo 9N235 de fabricación rusa.
Un video de la AP del 11 de marzo muestra los daños sufridos por las ambulancias y los edificios del Hospital Central de Dergachi, incluidos los botes de misiles de racimo gastados empotrados en el suelo. Weakley los identificó como misiles de carga 9M27K de fabricación rusa, que llevan las mismas minibombas encontradas en Járkiv.
David Crane, que fue fiscal jefe de un tribunal de crímenes de guerra patrocinado por Naciones Unidas por las atrocidades cometidas durante la guerra civil de Sierra Leona, dijo que lo que está ocurriendo en Ucrania es digno de ser juzgado.
“La conclusión es que se trata de una guerra medieval en Ucrania”, señaló Crane. “Es precisamente el tipo de guerra que las leyes de los conflictos armados fueron diseñadas para prevenir”.
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Biesecker informó en Washington y Dupuy en Nueva York. Los periodistas de The Associated Press Mstyslav Chernov y Evgeny Maloletka en Mariúpol, Ucrania, Sarah El Deeb en Beirut, Líbano; Jason Dearen y Larry Fenn en Nueva York; Juliet Linderman en Baltimore; Joshua Goodman en Miami; Richard Lardner y Helen Wieffering en Washington; Lori Hinnant en París, y James LaPorta en Wilmington, Carolina del Norte, contribuyeron a este despacho.
