SAN SALVADOR (AP) — Después de más de 13 años en prisión, Maritza recuperó el lunes su libertad por conmutación de la pena. Ella es una de las mujeres que sufrieron un parto extrahospitalario y la justicia de El Salvador condenó a 30 años de prisión por homicidio agravado.
Desde diciembre el gobierno salvadoreño ha tomado la decisión de conmutar la condena a seis mujeres que sufrieron emergencias obstétricas y que fueron capturadas y procesadas por aborto cuando acudieron a los hospitales públicos en busca de ayuda.
“Yo me siento muy feliz por está libertad que he tenido este día de ahora, porque yo no me lo esperaba”, dijo la mujer en un video cuando fue recibida por miembros de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto que lucharon por su liberación. “Quiero que sigan adelante ayudándole a las demás compañeras que quedan todavía dentro de cada uno de los penales”, agregó.
Los abogados de la Agrupación explicaron en un comunicado de prensa que en el juicio contra Maritza uno de los tres jueces del Tribunal razonó su voto de absolución y concluyó que “no se ha dado, dentro de la vista pública, los elementos necesarios para poder concluir la verdad de los hechos, lo cual es la base de la argumentación razonada de culpabilidad”.
Durante el tiempo que Maritza estuvo en la cárcel tuvo un hijo que después de cinco años fue separado de ella, quedando bajo la custodia de la abuela paterna, a quien conoció el mismo día que se lo llevaban.
“La libertad de Maritza llena nuestro corazón de alegría porque después de muchos años se hace justicia”, dijo Morena Herrera, que dirige el colectivo feminista.
En las últimas dos décadas, cerca de 181 mujeres que han experimentado emergencias obstétricas han sido perseguidas penalmente en El Salvador. Desde 2009, con la lucha del colectivo feminista 62 han sido liberadas.
En diciembre se impulsó la campaña “Nos Faltan Las 17”, que tiene como objetivo crear conciencia sobre el trato injusto que reciben las mujeres que sufren complicaciones en el embarazo en El Salvador.
En noviembre de 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró responsable al Estado salvadoreño por violar los derechos de una mujer identificada como “Manuela”, quien fue detenida en 2008 luego de ser acusada de provocarse un aborto. La mujer murió en 2010 mientras cumplía condena de 30 años, dejando huérfanos a sus dos hijos. El colectivo afirma que a “Manuela” se le negó atención médica para enfrentar el cáncer mientras estaba en la cárcel.
Activistas han señalado que, en El Salvador, en su gran mayoría las mujeres procesadas son amas de casa, empeladas domésticas, estudiantes, obreras o vendedoras.
El Salvador es uno de los cuatro países de América Latina que prohíbe el aborto sin excepciones, junto a Nicaragua, Honduras y República Dominicana.
La legislación salvadoreña penaliza toda forma de aborto, incluso el terapéutico, y castiga tanto a las mujeres como a los médicos, De ser encontradas culpables, las penas varían de dos a ocho años, No obstante, en muchos casos el delito cambia a homicidio agravado por el parentesco de la víctima con el victimario y las mujeres pueden llegar a ser condenadas a 30 años de cárcel.
