El Congreso de Tlaxcala le está dando seguimiento a una solicitud de juicio político en contra de la gobernadora, Lorena Cuéllar Cisneros, y del secretario de Gobernación de la entidad, Sergio González Hernández, por una serie de actos y omisiones en agravio de organizaciones defensoras de derechos humanos, dichos hechos serían negarse a dar audiencia y dar cumplimiento a las leyes del estado.
La solicitud fue interpuesta por Lucrecia Sánchez Ortega e Isidro Sánchez Piedra, integrantes de la Asociación Regional Liberación en Pro de los Derechos Humanos, Económicos, Sociales y Políticos (ARELIDH) el 21 de enero de 2022.
Dicha denuncia fue aprobada el pasado 24 de marzo, cuando el presidente de la mesa directiva del Congreso local, Miguel Caballero Yonca, dio pauta para iniciar el trámite legal de juicio político en contra de los servidores públicos, y turnó el caso a la comisión instructora de Juicio Político, Declaración de Procedencia y Responsabilidad de Munícipes, para que se diera continuidad al expediente.
La denuncia en contra de Cuéllar Cisneros y del secretario de Gobernación se fundamenta en lo estipulado en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala, el cual señala que “todo ciudadano bajo su más estricta responsabilidad, puede formular por escrito denuncia ante el Congreso”.
¿Qué sigue en el proceso de juicio político?
De acuerdo con los artículos 25 y 25 Bis de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala, una vez que se turnó el expediente a la comisión asignada, esta dispondrá de 15 días hábiles para que en forma coadyuvante con el denunciante, se reúnan y aporten las pruebas que acrediten plena responsabilidad política, o no, de los servidores públicos en cuestión.
Dicha comisión deberá comprobar que la conducta atribuida corresponde a alguna de las enumeradas en el artículo 11 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y que la responsabilidad política de los denunciados no ha prescrito.
Si no se comprueba lo referido en la denuncia esta se desechará; no obstante, si se encuentran elementos que refuercen la presunta responsabilidad de los funcionarios, la comisión notificará a los funcionarios señalados que se ha presentado una denuncia en su contra, en un lapso de cinco días hábiles después de haber recibido la denuncia.
En caso de que tras el proceso los funcionarios se encuentren como responsables las sanciones podrían ir desde la destitución del cargo, hasta la inhabilitación para desempeñar otro en el servicio público estatal o municipal hasta por un período de diez años.
