SAN SALVADOR (AP) — Con arrestos masivos, cierres de comunidades con presencia de pandillas y allanamientos casa por casa las fuerzas combinadas de seguridad de El Salvador intensificaron el martes su lucha contra estos grupos criminales que en cuatro días perpetraron al menos 89 homicidios.
Para combatir la ola de violencia el Congreso aprobó el estado de excepción, que limita la libertad de asociación, suspende el derecho de una persona a ser debidamente informada de sus derechos y razones del arresto, así como a la asistencia de un abogado. Además, amplía de 72 horas a 15 días el plazo detención administrativa y permite a las autoridades intervenir la correspondencia y celulares de quienes consideren sospechosos.
Pero la oposición y organizaciones no gubernamentales sostuvieron que las fuerzas de seguridad se están excediendo en la aplicación del estado de excepción. La medida durará 30 días aunque se podrá extender por otro mes.
El fiscal general Rodolfo Delgado informó en una entrevista con la televisión estatal que “sin disparar un tiro” en los últimos dos días han capturado a 1.476 miembros de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13), entre ellos a algunos de sus cabecillas.
El presidente Nayib Bukele advirtió a las pandillas que si no dejan de matar sus compañeros en las cárceles van a pagar las consecuencias. Según información oficial 16.000 pandilleros están recluidos en las prisiones salvadoreñas, a los que se suman los recientemente capturados.
Las acciones represivas del gobierno parecen haber comenzado a dar resultado ya que después de registrar 62 homicidios el sábado, el lunes sólo se confirmaron dos asesinatos y la Policía Nacional Civil dijo que corresponden a pandilleros de la MS-13. No aclaró quién asesinó a esos pandilleros.
Los controles de las fuerzas de seguridad en estas comunidades han provocado críticas de políticos opositores y de organismos defensores de los derechos humanos.
El régimen de excepción no contenía restricciones de movilidad “y ya el gobierno ha sitiado, se ha tomado algunas comunidades donde la fuerza armada tiene el control de quién entra y quién sale”, dijo el abogado Eduardo Escobar, de la organización no gubernamental Acción Ciudadana.
Por su parte la diputada Claudia Ortiz, del partido conservador Vamos, afirmó que hay una desconexión entre lo que se legisló y lo que se está haciendo con el régimen de excepción. “La libertad de tránsito no se limitó y ya hay ciudadanos que están denunciando estos cercos en colonias”.
La oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por su sigla en inglés), dijo en un comunicado de prensa que el estado de emergencia decretado como respuesta a la alarmante ola de violencia en El Salvador nos se apega a los estándares internacionales de derechos humanos que el país se ha comprometido a respetar.
