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Mé López Obrador ordena investigar a los jefes de la Armada implicados en la muerte de los 43 de Ayotzinapa

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha informado este martes de que ha dado la orden de investigar a los jefes de la Marina Armada que aparecen en un vídeo supuestamente manipulando pruebas en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa asesinados en 2014 en el estado de Guerrero.

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha informado este martes de que ha dado la orden de investigar a los jefes de la Marina Armada que aparecen en un vídeo supuestamente manipulando pruebas en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa asesinados en 2014 en el estado de Guerrero.

«Sobre ese vídeo al que haces referencia, de la Marina, me lo mostraron y se dio la instrucción que se investigara a los jefes de Marina que participaron en ese operativo y ya han declarado ante la Fiscalía, todos los que participaron, sobre todo el almirante responsable del operativo», ha comunicado López Obrador.

En la grabación a la que ha hecho referencia el presidente mexicano se ve a un grupo de altos mandos de la Marina participando supuestamente en la manipulación de pruebas en el basurero de Cocula, escenario de la conocida como ‘verdad histórica’ con la que el anterior Gobierno intentó solventar el caso de los estudiantes asesinados, informa el diario ‘La Jornada’.

Ese vídeo es parte del trabajo de investigación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), en el que se denuncia la «contrainsurgencia» que habrían llevado a cabo las autoridades militares para infiltrarse en la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, así como su participación en la falsificación de pruebas.

«No puedo decirles más que está abierta la investigación y tenemos el compromiso con los padres, las madres de los jóvenes, de llegar a saber todo sobre su desaparición y, a diferencia de antes, cuando el país sólo se dedicaba a aplaudirle a los anteriores presidentes, ahora no hay impunidad para nadie», ha destacado.

«Está abierta la investigación, es un compromiso que tenemos de dar a conocer lo que sucedió con los jóvenes. Y esta comisión de expertos presentó su informe, antes lo hicieron conmigo, me mostraron toda la información que tenían, que iban a darla a conocer, y se va a continuar con la investigación, ellos van a continuar un año más colaborando», ha recalcado López Obrador.

La investigación se fundamenta en registros oficiales, como documentación, informes y grabaciones del Ejército de Inteligencia, que habían estado ocultos desde hace seis años. El GIEI ha concluido también que todavía hay información muy importante que sigue en poder de los militares y fuerzas de seguridad.

Por su parte, López Obrador ha enfatizado que «se está entregando toda la información» y que «se han abierto todos los archivos como nunca y no se oculta absolutamente nada. Toda la información del Ejército se ha puesto a disposición de la comisión y de la Fiscalía, esa es la instrucción que tienen y se está cumpliendo».

‘LA VERDAD HISTÓRICA’

El 28 de enero de 2015, el entonces titular de la Fiscalía, Jesús Murillo Karam, aseguró que la «verdad histórica» consistía en que los jóvenes fueron asesinados, «incinerados y sus cenizas arrojadas al Río San Juan», por orden de antiguas autoridades locales que hacían parte de este grupo criminal.

En septiembre de 2020, una última investigación de la Fiscalía concluyó que las autoridades del anterior Gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto habían cometido una serie de irregularidades al difundir que los jóvenes fueron asesinados por el grupo criminal Guerreros Unidos al ser confundidos por una banda rival.

«Los jóvenes desaparecidos quedaron en medio de un choque de intereses del narcotráfico. Fue una coincidencia letal, enquistada en las policías locales, en la Policía Federal, en los distintos organismos que tenían presencia en ese lugar», denunció el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, quien habló de un «encubrimiento generalizado» por parte de las autoridades.

Las actuales autoridades fiscales han solicitado cerca de un centenar de nuevas órdenes de detención por ese caso, después de que fueron liberados al menos 70 imputados, que esgrimieron en su defensa haber sido torturados.

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