MADRID, 29 (EUROPA PRESS)
La defensa del expresidente de Perú Alberto Fujimori ha reconocido que es probable que el exmandatario no salga de prisión este martes, si bien estima que pueda ser puesto en libertad en los próximos días.
En una entrevista para Canal N, el abogado de Fujimori, Elio Riera, ha explicado que la orden de liberación y la posterior notificación del Instituto Nacional Penitenciario del Perú puede provocar que el trámite se demore entre dos o tres días.
El Tribunal Constitucional de Perú concedió a comienzos de marzo la libertad al expresidente Fujimori, después de fallar a favor del recurso presentado contra la sentencia que anuló su polémico indulto humanitario de diciembre de 2017.
Fujimori –quien en la actualidad cumple una condena de 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad por las matanzas La Cantuta y Barrios Altos– recibió el indulto humanitario por su delicado estado de salud en diciembre de 2017 por parte del expresidente Pedro Pablo Kuczynski.
El perdón fue anulado en octubre de 2018, cuando el Tribunal Supremo de Perú ordenó su captura amparándose en la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta para la cual no cabe indulto humanitario al tratarse de delitos de lesa humanidad.
Tras conocerse este decisión judicial, el Gobierno de Perú anunció que recurriría ala CIDH, si bien ahora Riera se ha mostrado confiado con que el ente finalmente no revertirá el fallo del Constitucional.
Por otro lado, aunque también en el marco de la excarcelación, la Justicia peruana falló la semana pasada en favor de prohibir a Fujimori su salida del país durante los próximos 18 meses en el marco del proceso judicial por el ‘caso Pativilca’.
La Cuarta Sala Penal Especializada aprobó esta medida en contra del exmandatario para asegurar que esté presente en el juicio oral como presunto autor mediato del secuestro y asesinato de seis personas en la localidad de Barranca, en 1992.
La Justicia también aprobó a mediados de diciembre la apertura de un proceso penal contra el expresidente, así como varios de sus ministros de Salud, por el caso de esterilizaciones forzosas a casi 350.000 mujeres y 25.000 hombres de diferentes comunidades indígenas durante su gobierno entre los años 1990 y 2000.
