BOGOTÁ (AP) — Un operativo militar realizado al sur de Colombia fue cuestionado el miércoles por organizaciones comunales y de derechos humanos que advierten que entre los 11 muertos reportados por las autoridades habría civiles.
El operativo militar se ejecutó en la mañana del lunes en la zona rural de Puerto Leguízamo, en el departamento de Putumayo. Según reportó el presidente Iván Duque ese mismo día, estaba dirigido a las disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), grupos que no se acogieron al proceso de paz firmado con el Estado en 2016.
Human Rights Watch denunció la muerte varios civiles durante el operativo del Ejército. Juan Pappier, investigador senior de HRW para la División de las Américas, dijo a The Associated Press que entre las víctimas han sido identificadas el presidente de junta de acción comunal, su esposa y un gobernador indígena de la zona. “Urge que las autoridades investiguen los hechos y lleven a los responsables de cualquier hecho ilícito ante la justicia”, agregó.
La Defensoría del Pueblo, entidad estatal encargada de velar por los derechos humanos, le pidió a las autoridades judiciales un rápido esclarecimiento de lo ocurrido y confirmó en un comunicado las muertes denunciadas por HRW y una más de un adolescente de 16 años.
El ministro de Defensa, Diego Molano, explicó a través de Twitter que el operativo estaba dirigido al grupo armado ilegal y que este no fue “contra campesinos”. En la zona, agregó el ministro, incautaron “arsenal de guerra; granadas, fusiles, proveedores, cartuchos, entre otros”.
El Ejército indicó que esta zona del Putumayo, fronteriza con Ecuador, es un paso estratégico para actividades relacionadas con el narcotráfico y que acudieron a la zona por denuncias de enfrentamientos entre grupos armados que estaban provocando el desplazamiento forzado de los habitantes.
