MADRID, 30 (EUROPA PRESS)
Un informe elaborado por la ONG Human Rights Watch (HRW) ha alertado este martes de que el estado de excepción adoptado en El Salvador por la falta de seguridad en el país suspende una serie de derechos básicos, abriendo la puerta a los abusos.
La Asamblea Legislativa aprobó el pasado 27 de marzo una ley que declara el «estado de excepción», por la que se suspenden durante 30 días los derechos a la libertad de asociación y reunión, y a la privacidad de las comunicaciones, así como algunas protecciones del debido proceso.
La ley de emergencia se basa en el artículo 29 de la Constitución salvadoreña, que permite a la Asamblea Legislativa suspender estos derechos constitucionales en circunstancias extremas, como una invasión extranjera o «graves alteraciones del orden público». El plazo de 30 días puede prorrogarse una vez por el mismo periodo.
El presidente del país, Nayib Bukele, solicitó la suspensión para hacer frente a un repunte de la supuesta violencia de bandas callejeras. En este sentido, HRW ha denunciado en un comunicado que esta votación y los anuncios realizados por el Gobierno salvadoreño «amenazan múltiples Derechos Humanos, entre ellos el de la libertad, el del debido proceso y el de no sufrir tratos crueles, inhumanos y degradantes».
«El gobierno del presidente Bukele debería tomar medidas serias y respetuosas de los derechos para hacer frente a la atroz violencia de las pandillas en El Salvador», ha señalado la directora interina para las Américas de Human Rights Watch, Tamara Taraciuk Broner.
A su juicio, «en lugar de proteger a los salvadoreños, este amplio estado de emergencia es una receta para el desastre que pone en riesgo sus derechos».
Según ha denunciado HRW, en los últimos meses, la mayoría a favor de Bukele en la Asamblea Legislativa ha abarrotado el Tribunal Supremo, ha sustituido al fiscal general por un aliado del gobierno de Bukele y ha despedido a cientos de jueces y fiscales de bajo nivel. «A El Salvador prácticamente no le quedan instituciones independientes para controlar el poder ejecutivo», ha agregado.
La ONG ha explicado que sesenta y dos personas fueron asesinadas, al parecer por pandillas, el 26 de marzo en El Salvador, la tasa de homicidios diaria más alta en varios años, según los registros oficiales. Esa noche y la mañana siguiente, Bukele respondió pidiendo a la Asamblea Legislativa que declarara el estado de emergencia y ordenando el cierre de las cárceles.
La Asamblea suspendió los derechos constitucionales a la libertad de asociación y reunión, a la privacidad en las comunicaciones, al derecho a ser informado del motivo de la detención, a guardar silencio y a la representación legal, así como la obligación de llevar a cualquier detenido ante un juez en un plazo de 72 horas.
HRW ha advertido que castigar a los detenidos por las acciones de las personas que están fuera de la cárcel es una forma de castigo colectivo que viola múltiples Derechos Humanos, y el duro trato a los detenidos descrito por Bukele puede equivaler a un trato o castigo cruel, inhumano o degradante.
«Privar a los detenidos de ropa adecuada, luz, ropa de cama, acceso al aire libre, alimentos y agua también es incompatible con las normas internacionales sobre el tratamiento de los detenidos», ha recordado HRW.
El fiscal general Rodolfo Delgado ha tuiteado que su oficina está en una «cacería» y la Policía ha informado de la detención de más de 1.400 presuntos miembros de bandas que, según ellos, son responsables de los recientes homicidios.
Además, la organización ha denunciado que la Policía ha tuiteado fotos de decenas de personas detenidas acusándolas inequívocamente de haber cometido delitos, incluso antes de que muchas de ellas hayan sido llevadas ante un Tribunal.
La Asamblea Legislativa ha dicho que el estado de emergencia permite a la policía ampliar el plazo para llevar a un detenido ante un juez para que los fiscales puedan «recoger pruebas». «El gobierno de la estrategia de Bukele parece ser ‘primero detener, luego tuitear, e investigar después'», ha alertado Taraciuk.
«El Derecho Internacional permite a los países derogar o suspender temporalmente algunas de sus obligaciones en materia de Derechos Humanos en circunstancias muy limitadas, que no parecen aplicarse en este caso», ha aseverado Human Rights Watch.
Según el artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que El Salvador ha ratificado, los gobiernos pueden derogar algunas de sus obligaciones en virtud del pacto «en situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación». Las derogaciones deben ser sólo aquellas «estrictamente requeridas por las exigencias de la situación».
El Comité de Derechos Humanos de la ONU, encargado de proporcionar interpretaciones autorizadas del pacto, ha dejado claro que los estados de excepción no pueden utilizarse como justificación para violar normas imperativas del Derecho Humanitario, por ejemplo, mediante privaciones de libertad arbitrarias o desviándose de los principios fundamentales del juicio justo.
Del mismo modo, el artículo 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos permite a los gobiernos derogar algunas obligaciones en tiempos de «guerra, peligro público u otra emergencia que amenace la independencia o la seguridad», siempre que dichas medidas sean estrictamente requeridas por la emergencia y sean compatibles con otras obligaciones del Derecho Humanitario.
HRW recuerda que las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (las «Reglas Nelson Mandela») establecen las normas básicas para el tratamiento de los reclusos, incluidos los requisitos mínimos de acceso al aire libre para hacer ejercicio, y de ropa, alimentos y ropa de cama adecuados.
