NUEVA YORK (AP) — La Corte Interamericana de Derechos Humanos convocó a una audiencia pública para el viernes con el objetivo de debatir medidas provisionales “para garantizar el derecho de acceso a la justicia” a víctimas del expresidente peruano Alberto Fujimori.
La audiencia es parte de un pedido que la CorteIDH hizo al estado peruano el miércoles en el que se solicitaba no dejar en libertad al expresidente hasta que la Corte pudiera decidir sobre esas medidas provisionales. El gobierno de Perú respondió que cumpliría con la solicitud de la Corte.
Portavoces del tribunal interamericano dijeron que la audiencia se celebrará durante el 147 Periodo Ordinario de Sesiones de la Corte.
Fujimori iba a ser excarcelado pronto en atención a una polémica orden emitida hace 13 días por el Tribunal Constitucional, que hace dos semanas reactivó un indulto humanitario otorgado en 2017 por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski. El expresidente fue condenado a 25 años de prisión por su responsabilidad en 25 asesinatos durante su gobierno (1990-2000).
En la audiencia del viernes, que se celebrará de manera virtual, se convocará a los representantes de las víctimas, al estado del Perú y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dijo la Corte.
La Corte ordenó a Perú que no libere a Fujimori para antes poder “garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta”. El expresidente fue declarado culpable en 2009 de la autoría mediata en dos matanzas. Una ocurrió en una zona pobre llamada Barrios Altos y en la otra se mató a personal de La Cantuta, una universidad que forma profesores.
Keiko Fujimori, la hija del exmandatario, declaró el miércoles por la noche en redes sociales: “mi familia hace responsable a este gobierno de las consecuencias que su decisión pueda generar en la vida y la salud de Alberto Fujimori”.
La excandidata presidencial y líder del partido opositor fujimorista añadió: “está ahora en manos del gobierno, allanarse o no a una medida tan precaria como injusta, si existiera un mínimo de equilibrio, su evaluación no debería desacatar el fallo del Tribunal Constitucional”.
Fujimori cumplía desde 2007 una sentencia por asesinatos ejecutados durante su gobierno por un escuadrón militar clandestino que mataba con impunidad mientras combatía al grupo terrorista Sendero Luminoso.
Además de la sentencia de 25 años, el expresidente está condenado en otros tres casos de corrupción, por los cuales debe 13,6 millones de dólares.