CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — En una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, (OEA) realizada el jueves a solicitud de Guatemala, el canciller Mario Búcaro intentó defender la imagen del país centroamericano frente a sus pares, en medio de señalamientos en los últimos meses sobre el deterioro del Estado de derecho y de que su gobierno ha vuelto blanco de acciones penales a opositores y operadores de justicia.
En su presentación desde Washington, junto al secretario de OEA, Luis Almagro, Búcaro dijo en sesión virtual con embajadores de países latinoamericanos ante el organismo que Guatemala tiene una vocación pacifista que prioriza la democracia, la justicia y la paz. “Hoy existe Estado de derecho en mi país. Hoy existe libertad de expresión en mi país y todos los que estamos aquí lo sabemos».
«Guatemala es un estado democrático que vive una democracia solida”, aseguró.
Las declaraciones del canciller se dan en el marco de constantes denuncias de corrupción en la administración del presidente Alejandro Giammattei y en medio de duras críticas de la comunidad internacional por la criminalización de operadores de justicia que solo en su gobierno han dejado al menos 20 fiscales y jueces en el exilio ante acoso, amenazas, hostigamiento contra ellos.
Los operadores de justicia que durante años desarticularon estructuras de corrupción llevando a juicio a empresarios, funcionarios, políticos y hasta jueces se han exiliado debido a denuncias que la fiscal general Consuelo Porras ha dado por válidas y con las cuáles ha iniciado persecución penal contra ellos con el aval de la Corte Suprema de Justicia.
Porras fue designada en septiembre de 2021 por el gobierno estadounidense como parte de los actores antidemocráticos de la región y por obstruir investigaciones anticorrupción y le retiró la visa de entrada a ese país. Todo ocurrió tras la destitución del entonces jefe de la Fiscalía Contra la Impunidad (FECI), Luis Francisco Sandoval, que se había ganado el reconocimiento nacional e internacional por su labor y que también se exilió. Tras las salidas de Guatemala, varios casos que estaban siendo investigados han sido revertidos por instituciones como la Corte de Constitucionalidad, beneficiando a señalados de actos de corrupción.
El canciller Búcaro destacó ante la OEA las bondades del país centroamericano y afirmó que trabaja constantemente por detener la migración irregular desde su país hacia Estados Unidos y explicó que Guatemala participa en varias iniciativas que impulsan la erradicación de la pobreza y mejores oportunidades para mejorar la vida de los ciudadanos.
Añadió que Guatemala podría ser un ejemplo pues ha mantenido su crecimiento económico aún en la pandemia. “Frente a la crisis del COVID, la economía de mi país ha mostrado ser resiliente. Hoy nuestra economía está creciendo 7.5% en 2021 y estimamos que este año estaremos en 8″. Agregó que esto se debe a forjar alianzas publico-privadas, aumentando la inversión extranjera o apoyando a las pequeñas y medianas empresas, aunque el gobierno también ha reconocido que parte de esa estabilidad económica responde a los 15.000 millones de dólares en remesas que migrantes enviaron a sus familias desde Estados Unidos en el último año.
A pesar de las críticas por el hostigamiento a operadores de justicia de las ultimas semanas, el funcionario dijo que Guatemala construye en un marco de legalidad el respeto a los derechos humanos, al debido proceso, la independencia judicial ya la separación de poderes. Uno de los reclamos de Búcaro fue la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de incluir a Guatemala en un informe sobre la situación de país.
En el último boletín de prensa de la CIDH sobre la situación en Guatemala, la comisión mostró preocupación ante el acoso a operadores de justicia porque estos hechos ocurren en “un contexto de severos retrocesos en la lucha contra la impunidad y la corrupción en Guatemala”. Según Búcaro, “este informe anual no corresponde a la realidad de mi país, Guatemala es una nación democrática y un estado de derecho”, dijo.
La semana pasada una investigación periodística visibilizó cómo los tres hijos del presidente, a pocos meses de haber recibido el gobierno, cambiaron su vivienda por apartamentos lujos valorados en millones de quetzales comprados a nombre de empresas “de cartón” o ficticias.
