MIAMI (AP) — El excontralor general de Ecuador, Carlos Polit, deberá esperar para salir de una prisión federal de Miami en la que se encuentra bajo acusaciones de haber utilizado el sistema financiero de Estados Unidos para promover y ocultar millones de dólares provenientes de sobornos del gigante de la construcción brasileño Odebrecht.
Una jueza federal del sur de Florida rechazó el viernes dos propuestas de libertad bajo fianza que habían sellado sus abogados con los fiscales para que le concedieran la detención domiciliaria y ofreció otras condiciones más estrictas para que el exfuncionario ecuatoriano-estadounidense pueda salir de la cárcel en la que se encuentra desde comienzos de esta semana.
“Es una fianza que el acusado puede cumplir”, expresó la magistrada Jacqueline Becerra tras indicar que Polit podría huir del país si las condiciones de fianza fueran flexibles. “No se cuánto tiempo puede tomar que recupere la libertad. Podría tomar algún tiempo”, dijo en una audiencia tras detallar que la fianza debería estar garantizada por ocho millones de dólares provenientes de propiedades y 10 millones más de activos personales respaldados por un documento con la firma de su esposa e hijos.
La jueza expresó que ofrecía esas condiciones de libertad domiciliaria porque la fiscalía no estaba pidiendo la detención y le dijo a las partes que deberán presentarle en los próximos días los documentos que respalden la fianza para que Polit, que vive en Estados Unidos desde 2016, pueda recuperar su libertad. No está claro cuánto tiempo podría llevar el trámite o si la defensa del ecuatoriano ofrecerá una contrapropuesta.
La audiencia, que tuvo dos pausas y se extendió por cerca de dos horas, se realizó en los tribunales federales del centro de Miami para analizar la posibilidad de que Polit salga en libertad condicional mientras su caso avanza. Polit, de 72 años, apareció esposado, con grilletes en sus tobillos y uniforme beige de presidiario. Se lo veía tranquilo y llevaba un cubrebocas que le tapaba una barba incipiente.
Según las acusaciones que Polit enfrenta en Miami entre 2010 y 2016 el exfuncionario ecuatoriano solicitó y recibió unos diez millones de dólares en sobornos de Odebrecht a cambio de usar su posición como contralor general de Ecuador para influenciar decisiones que beneficiaran al conglomerado de la construcción y a sus negocios en esa nación sudamericana. Los cargos indican también que en 2015 habría recibido sobornos de un empresario de su país para ayudarlo a él y a su empresa con contratos de la compañía de seguros estatal de su país.
Entre las condiciones que la jueza fijó para que obtenga su libertad condicional domiciliaria están la entrega de sus pasaportes a las autoridades, permanecer en el departamento de una de sus hijas en el área financiera de Brickell y llevar un monitor electrónico GPS para que puedan vigilar sus movimientos las 24 horas.
Indicó asimismo que sólo podrá salir de la vivienda para acudir a audiencias judiciales o ir al médico.
Los fiscales y abogados de Polit habían presentado en la misma audiencia un acuerdo para que el exfuncionario saliera de prisión poniendo como garantía propiedades que la jueza dijo podrían haber sido adquiridas con dinero proveniente de los sobornos y que el gobierno posiblemente confiscará. Dijo asimismo que el monto que ofrecían como garantía no era suficiente.
Polit asumió en la Contraloría de Ecuador, la entidad que revisa la cuentas y vela por la integridad de los recursos del Estado en la función pública, en 2007, el mismo año en que subió al poder el expresidente Rafael Correa. Permaneció en ese cargo hasta el 2017, cuando dejó el poder Correa.
Polit renunció al cargo debido a que fue vinculado con la red de corrupción creada por Odebrecht que de acuerdo con la investigación de la fiscalía entre 2010 y 2016 recibió más de 10 millones de dólares en sobornos a fin de desvanecer cuentas pendientes a favor del Estado.
En Ecuador Polit tiene una sentencia pendiente de seis años de cárcel, que ordena además la restitución de los recursos.
En el sur de Florida enfrenta una acusación de conspiración para lavar dinero, tres acusaciones de ocultamiento de lavado de dinero y otros cargos de participación en transacciones de bienes derivados de actividades delictivas. Si es declarado culpable enfrentaría una condena de entre 12 y 15 años de prisión, dijo la fiscalía.
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El periodista de AP Gonzalo Solano contribuyó con esa información desde Ecuador.
