BUENOS AIRES (AP) — Cuarenta años atrás el exsoldado argentino Eduardo Ortuondo estuvo a punto de perder sus extremidades luego de permanecer durante horas atado a cuatro estacas en las gélidas temperaturas de las islas Malvinas.
El castigo no fue infringido por militares británicos, sus enemigos de entonces en la guerra librada por la soberanía del archipiélago situado en el Atlántico sur. Los autores de ese y otros tormentos que contribuyeron a hundirlo en una depresión y provocarle sentimientos suicidas fueron sus superiores en el ejército argentino, según relató el excombatiente, de 59 años, a The Associated Press.
En el 40 aniversario de la guerra por las islas Malvinas -Falklands- que se conmemora el sábado y durante el cual Argentina renovará su reclamo de soberanía, Ortuondo y decenas de veteranos recordarán el sufrimiento experimentado en el campo de batalla y también el que les provocaron oficiales y suboficiales argentinos a los que la justicia investiga por supuestas torturas, hasta ahora sin grandes avances.
El conflicto bélico se produjo en las postrimerías de la última dictadura militar (1976-1983), durante la cual las fuerzas armadas implementaron un plan sistemático de represión por el cual miles de disidentes sufrieron torturas y desaparecieron.
Las prácticas abusivas se habrían extendido a los hambrientos y mal pertrechados soldados que participaron en la guerra de 1982, para castigarlos o asegurarse su obediencia.
Ortuondo recordó cómo perdió la sensibilidad de sus extremidades cuando permaneció durante horas junto a varios compañeros tumbados sobre el suelo, con las muñecas y tobillos atados a las estacas, porque contradijeron a un superior que los acusó de no cumplir una guardia.
“Vino un sargento, se para arriba del arco interno de mi pie, salta y me dice ´¿qué tal, le duele?’ y yo le digo ‘¿quién es el enemigo, el que viene allá o el que está acá?’”.
Los miembros de Ortuondo corrieron peligro de amputación. «Con un tratamiento pude recuperarme… después está lo que queda en el alma. Todo está guardado en la memoria y la memoria pincha hasta matar”, se lamentó el exsoldado.
Otro día, por haber comido los restos de mermelada que había en un frasco, fue castigado por su jefe de compañía a tirarse a un pozo de agua helada.
Ortuondo integra el grupo de 176 veteranos de la guerra que han declarado como víctimas o testigos contra más de un centenar de militares por unos 180 supuestos hechos de torturas, entre ellos “estacamientos”, golpizas, aplicaciones de descargas eléctricas y enterramientos hasta el cuello.
Los denunciantes reclaman a la Corte Suprema de Justicia que agilice la causa abierta en 2007 y que está en una suerte de limbo.
“El regalo sería justicia… estas personas que tuvieron la oportunidad de pedir disculpas y no lo hicieron se siguen burlando”, se lamentó Ortuondo, ex miembro del Regimiento de Infantería Mecanizado N° 3.
Los altos mandos habrían ordenado y ejecutado sistemáticamente torturas muchas veces en respuesta a los reclamos de la tropa por la falta de abrigo y comida.
Los veteranos se preguntan por qué la justicia argentina, que marcó un hito al condenar en los años 80 a los comandantes de la dictadura militar por sus violaciones a los derechos humanos, no demuestra la misma determinación con los desmanes ocurridos durante la guerra en el Atlántico sur. Las denuncias, sostienen, estarían respaldadas por elementos probatorios encontrados en archivos relacionados con las Malvinas que fueron desclasificados en 2015.
Días atrás, al recordarse el golpe de Estado de 1976 que dio pie a la dictadura, el veterano Ernesto Alonso participó en un masivo acto con distintas organizaciones de derechos humanos en el que hizo “responsable al Poder Judicial por negar el acceso a la justicia y el derecho a la verdad”.
La causa está paralizada luego de que en 2021 la Cámara Federal de Casación Penal, el máximo tribunal penal, hizo lugar al recurso de un imputado que argumentó que los delitos que se le atribuían no eran de lesa humanidad y estarían prescritos.
Esa decisión fue recurrida ante la Corte Suprema por el Ministerio Público Fiscal y los querellantes, y en la actualidad la jueza federal Mariel Borruto aguarda el pronunciamiento del máximo tribunal para determinar si debe avanzar con la pesquisa. La magistrada ha procesado a cuatro acusados por supuestos crímenes de lesa humanidad.
La Fiscalía Federal de Río Grande, en el sur de Argentina, y la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad sumaron recientemente a los hechos investigados dos presuntos casos de abusos sexuales.
Han solicitado la indagatoria de 19 acusados que se suman a lo más de 20 oficiales y suboficiales que ya están imputados.
Por su parte, los excombatientes denunciaron al Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la falta de acceso a la justicia y tienen pensado hacerlo ante el relator especial sobre la tortura de Naciones Unidas.
