“Si desatan una ola de criminalidad, nosotros les quitamos la comida en las cárceles. Mejor estense tranquilos y déjense arrestar, por lo menos allá adentro van a vivir y van a tener comida, dos tiempos”, dijo Bukele durante un acto de graduación de un nuevo contingente de policías y soldados.
Bukele manifestó que “andan rumores que quieren empezar a vengarse de la gente honrada al azar, hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles. Les juro por Dios que no comen un arroz y vamos a ver cuánto duran”.
Y agregó que «no me importa lo que digan los organismos internacionales, que vengan a proteger a nuestra gente, que vengan a llevarse a sus pandilleros, si los quieren, se los entregamos todos”.
El mandatario reveló que hasta el lunes ya habían sido detenidos unos 6 mil miembros y colaboradores de las maras o pandillas y ordenó que se construya una nueva cárcel de máxima seguridad con capacidad para unos 20 mil reos.
El director de Centros Penales, Osiris Luna, informó que 50 cabecillas de pandillas han sido trasladados al Penal de Máxima Seguridad conocido como Zacatraz y confirmó que los reos sólo reciben dos platos de comida al día. Además está suspendido el acceso a las tiendas institucionales que funcionan en las cárceles.
Dijo que por la mañana reciben pan con frijoles y refresco y al mediodía dos tortillas de tacos con frijoles y su refresco.
Las autoridades mantienen en emergencia a las cárceles, donde por orden de Bukele más de 20.000 pandilleros permanecen en sus celdas “sin poder ver ni un rayo del sol”, les decomisaron las colchonetas para dormir y les racionaron la comida a solo dos al día luego de un alarmante aumento de los homicidios.
Para combatir la alarmante violencia que abate a este pequeño país centroamericano, a iniciativa de Bukele el Congreso aprobó el estado de excepción que limita la libertad de asociación, suspende el derecho de una persona a ser debidamente informada de sus derechos y razones de su arresto, así como a la asistencia de un abogado. Además, amplía de 72 horas a 15 días el plazo de detención administrativa y permite a las autoridades intervenir la correspondencia y celulares de quienes consideren sospechosos.
Esta suspensión de garantías no afecta la libertad de expresión o libre circulación. La medida durará 30 días, aunque se podrá extender por otro mes.
Qué dicen las organizaciones de Derechos Humanos en El Salvador
En tanto, la portavoz de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Liz Throssell, dijo que “estamos profundamente preocupados por la serie de medidas introducidas recientemente en El Salvador en respuesta al aumento de los asesinatos de pandillas”.
Throssell también expresó su preocupación por la serie de reformas aprobadas por el Congreso, entre ellas la que se hizo al la ley penal juvenil que impone penas de prisión de hasta 10 años si el condenado tiene entre 12 y 15 años y de hasta 20 años si tiene entre 16 y 18 años.
Por su parte, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos informó que ha recibido 67 denuncias por violaciones a derechos, de los cuales 33 son por supuestos arrestos arbitrarios.
La Procuraduría ha lazado un plan para verificar las condiciones en las que se encuentran los detenidos en las comisarías y centros penales.
“No lo hacemos porque defendemos criminales sino porque todas las personas tenemos derechos dependiendo en el contexto donde nos encontremos”, dijo en un programa de entrevistas el procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Apolonio Tobar.
Bukele dijo en su cuenta de Twitter que “ha quedado claro quiénes son los socios de los pandilleros. Todos han salido a defenderlos: Financistas, narcos, políticos y jueces corruptos, ONGs de ‘derechos humanos’, la ‘comunidad internacional’, la CIDH, periodistas y medio de Open Society, etc”.
