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Juez autoriza viaje a Washington de exministro guatemalteco

MIAMI (AP) — El exministro de Economía de Guatemala, Acisclo Valladares Urruela, acusado de haber participado en una conspiración para lavar millones de dólares provenientes del narcotráfico y actividades ilícitas, podrá viajar desde Miami a Washington por tres días.

Así lo determinó el martes la jueza Alicia Otazo-Reyes al acceder a un pedido de “viaje personal” que él efectuó el día anterior. Desde octubre de 2020, se encuentra en libertad condicional bajo una fianza de 500.000 dólares. La autorización le permite estar fuera hasta el 11 de abril y debe cumplir con ciertas condiciones.

Valladares no puede salir del condado de Miami-Dade sin autorización y las autoridades tienen su pasaporte. Podrá recuperarlo temporalmente para este viaje. Sus actividades no podrá interferir con ninguna cita o actividad relacionada con su caso judicial. Él no especificó por qué saldrá y sus abogados no dieron de momento comentarios a la AP.

En agosto de 2020, la fiscalía federal del sur de la Florida lo acusó de formar parte de una asociación ilícita y ayudar a lavar unos 10 millones de dólares por al menos cuatro años. Según detalles de una investigación del FBI y la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), permitía el comercio de drogas ilegales creando una demanda de dinero que no podía ser rastreada y que él utilizaba para sobornar a políticos corruptos de su país.

Valladares, un abogado que se desempeñó como ministro de Economía de Guatemala durante la administración de Jimmy Morales, también está prófugo de la justicia de su país. Allí está acusado de asociación ilícita y lavado de dinero.

En Guatemala era investigado por dos casos. En uno de ellos supuestamente una red integrada por particulares y políticos usó sobornos para obtener favores políticos y ocultó información para encubrir el origen del dinero. El segundo caso es su presunta participación como ejecutivo de una empresa de telefonía para sobornar políticos para buscar la aprobación de una ley con la que se benefició a la compañía en la adjudicación de frecuencias.

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