El próximo 10 de abril se cumplen cinco meses desde que la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, presentó en el municipio de Tlapa la “Estrategia para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Niñas y Adolescentes de la Montaña y Costa Chica”; sin que hasta la fecha se tengan indicios, siquiera, de su implementación.
En compañía de funcionarias como Violeta Pino Girón, secretaria de la Mujer de Guerrero y Belén Sanz Luque, representante de ONU Mujeres en México, Salgado Pineda anunció el 10 de noviembre de 2021 que, en un inicio, el punto focal de dicha estrategia se centraría en los municipios de las regiones de La Montaña y la Costa Chica; se reconocería el problema y se implementaría un sistema municipal y otro estatal para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres.
Sin embargo, a casi cinco meses del anuncio oficial, la estrategia todavía no llega a las comunidades a las que se prometió. Este 5 de abril el portal Animal Político, dio a conocer que la Secretaría de la Mujer del estado mantiene a la estrategia que se anunció en noviembre “en proceso de construcción”, y que los más de 5 millones de pesos contemplados para este rubro no han sido aprobados.
De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan (CDHMT), entre el primero de enero y el 8 de marzo del año en curso se documentaron 317 casos de mujeres, de las cuales 202 sufrieron algún tipo de tipo de violencia en la región de La Montaña.
Entre las mujeres que padecieron algún tipo de agravio, 48 sufrieron de violencia física y 43 psicoemocional; 82 fueron víctimas de violencia económica por parte de sus esposos, concubinos o familiares; se registraron nueve feminicidios; nueve casos de agresión sexual contra niñas; seis incidentes de despojo; así como dos ventas de niñas y matrimonios forzados.
Firman convenio con Conapo para prevenir embarazo adolescente
En el marco de la reunión que sostuvo Salgado Pineda con el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, la mandataria estatal firmó un convenio con el Consejo Nacional de Población (Conapo), para colaborar en la disminución del embarazo en niñas y adolescentes de Guerrero, el cual contempla una política de cero embarazos de niñas de entre 10 y 14 años como parte de la agenda 2030 de Guerrero.
“Estas acciones representan sin duda la firme voluntad de esta administración y del gobierno de México para proteger y respaldar a nuestras niñas y nuestras adolescentes, a la vez que establecemos mecanismos necesarios de coordinación para una política poblacional que se adapte a las necesidades de Guerrero”.
— Evelyn Salgado Pineda.
Salgado Pineda aseguró que con la firma del convenio y la reinstalación del Grupo estatal para la prevención de embarazo en adolescentes, Guerrero se encamina en una ruta política para garantizar el bienestar en corto y mediano plazo.
No obstante, a pesar de la voluntad política de la gobernadora, la firma de convenios y los actos protocolarios, la realidad de las mujeres en la región de La Montaña de Guerrero enfrenta un panorama distinto al del discurso oficial, incluso para acceder a la justicia.
En el primer trimestre de 2022 se reportaron casos de violencia institucional como el trascendió el 14 febrero, cuando los médicos y el personal del hospital Raymundo Abarca de Chilpancingo le negaron la practica de un aborto a una niña indígena de 10 años de edad que había sido víctima de violación, a pesar de que sus familiares presentaron un oficio del Ministerio Público para la interrupción legal del embarazo.
El incidente de la niña oriunda del municipio de Acatepec se hizo mediático, y días después intervino la Secretaría de Salud del estado para anunciar que, siempre sí, se le realizaría la interrupción legal del embarazo a la menor.
Dicha situación no es un hecho aislado en Guerrero, tan solo en el primer bimestre de 2022, el CDHMT documentó cinco casos en los que el Ministerio Público, lejos de investigar los delitos en contra de las mujeres indígenas, las criminaliza por denunciar la violencia que padecen, aun cuando desde el gobierno estatal se anuncia la ruta rumbo al bienestar.
