Pide al perito que de cuenta de si las posibles irregularidades son competencia de la AN o de los Juzgados de Madrid
MADRID, 6 (EUROPA PRESS)
El juez de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal, encargado de investigar si el exembajador de España en Venezuela entre 2004 y 2007, Raúl Morodo, y su entorno familiar recibieron fondos de la petrolera PDVSA ha autorizado que se siga investigando si la mujer del diplomático, Cristina Cañeque, cometió un delito fiscal.
En una providencia del pasado jueves, a la que ha tenido acceso Europa Press, el responsable del Juzgado Central de Instrucción Número 1 accede a la petición de Fiscalía, que considera «procedente» que se autorice al perito judicial a continuar con las «comprobaciones inspectoras para que documente las actuaciones oportunas».
Según apunta el Ministerio Fiscal, será tras realizar esas indagaciones cuando deberá dar cuenta al Juzgado de las que «pudieran ser constitutivas de delito para acordar lo que resultara pertinente». En concreto, recuerda, para dirimir si la investigación debe recaer en la Audiencia Nacional o en los Juzgados de Madrid.
Fue el pasado mes de febrero cuando el magistrado remitió a estos juzgados el documento elaborado por la Unidad de Apoyo a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada en el que se indagaba en la actividad y el patrimonio de MS TRADING SL, una sociedad titulada por Cañeque.
«RENTAS NO DECLARADAS POR LA SOCIEDAD»
En el mismo la Agencia Tributaria señalaba que aunque «no se puede inferir que la actividad y el patrimonio» de la sociedad «estén relacionados con los fondos obtenidos ilegalmente y procedentes de PDVSA por el entramado del cónyuge y del hijo de Cristina Cañeque, sí se puede asegurar que se observan graves irregularidades contables y fiscales en la sociedad».
En su informe, el perito explicaba que «existen rentas no declaradas por parte de la sociedad», de Cañeque y de sus hijos «que deberán ser objeto de actuaciones inspectoras de comprobación e investigación ya que, además, en el caso de MS TRADING» y de la mujer del exembajador «podrían derivar en la existencia de un delito fiscal por su cuantía y consideración».
Así, apuntaba que «si bien MS TRADING ha podido percibir determinadas cuantías procedentes de PDVSA a través de las sociedades» del exembajador y de su hijo Alejo Morodo Cañeque, «estas percepciones pueden tener incidencia en la regularización fiscal que se practique a la sociedad en una comprobación inspectora». «MS TRADING ha sido utilizada como vehículo de evasión fiscal mediante diversas vías», señalaba el perito.
Algunas de las mismas, explicaba, habían sido las ampliaciones de capital realizadas con aportaciones no dinerarias valoradas arbitrariamente por la entidad y que «sirven posiblemente para aflorar rentas no declaradas de su socia», la propia Cristina Cañeque.
La Agencia Tributaria también apuntaba a la elaboración de la contabilidad «con gravísimas anomalías» y que a su juicio «distorsionan absolutamente la realidad e impiden conocer la naturaleza de las operaciones realizadas, ya que una misma partida de su balance, puede aparecer según su conveniencia, como neto patrimonial en un año y al siguiente como pasivo».
Además, el perito cree que la sociedad podría haber hecho que no constasen «ninguno de los hechos relevantes en las memorias de las cuentas anuales, de manera que éstas contienen las mismas irregularidades que la contabilidad».
«Repartiendo a Cristina Cañeque y a su familia beneficios de la sociedad encubiertos como gastos de ésta, de manera que, en muchos ejercicios resulta un falso resultado negativo de la cuenta de pérdidas y ganancias», asegura la perito, que cree que también se pudieron camuflar «ingresos procedentes de otras empresas del grupo minorando el valor de las participaciones de éstas».
LA CAUSA CONTRA EL EXEMBAJADOR EN LA AUDIENCIA NACIONAL
En la causa que se sigue en la Audiencia Nacional, el juez indaga en los más de 4,5 millones de euros que Morodo y su círculo más íntimo habrían recibido entre 2011 y 2015 de la petrolera venezolana PDVSA.
El anterior instructor de la causa, Santiago Pedraz, seguía el rastro del dinero. Así pidió a Estados Unidos que aportara información sobre movimientos en cuentas bancarias de PDVSA y del hijo de Morodo, algunos de los cuales se justificaron con una factura firmada por René Arreaza, quien fuera coordinador general de la Vicepresidencia venezolana de José Vicente Rangel.
Los investigadores señalan que los Morodo habrían recibido más de 4,5 millones de euros de PDVSA «carentes de justificación real y lógica comercial». La Fiscalía apuntó que estos hechos podrían ser constitutivos de delitos de blanqueo de capitales, corrupción en las transacciones comerciales internacionales, falsedad documental y contra la Hacienda Pública.
