Subraya que el documento «hace recomendaciones de poca ayuda para cualquier esfuerzo de paz» en plena tregua
MADRID, 7 (EUROPA PRESS)
El Gobierno de Etiopía ha afirmado este jueves que la investigación de Amnistía Internacional y Human Rights Watch (HRW) que denuncia crímenes de guerra en la región de Tigray (norte) es «de poca utilidad» en el marco de los «esfuerzos para poner fin de forma pacífica» al conflicto con el Frente Popular para la Liberación de Tigray (TPLF).
El Servicio de Comunicaciones del Gobierno etíope ha señalado en un comunicado que está «examinando de forma cuidadosa» el informe y ha recordado que ha sido publicado «después de que entrara en vigor una tregua humanitaria indefinida y de que la ayuda humanitaria empezara a fluir a la región de Tigray».
«El Gobierno ha expresado su esperanza de que esto sentara las bases para los esfuerzos auténticos de poner fin al conflicto de forma pacífica. Desafortunadamente, el informe hace recomendaciones de poca ayuda para cualquier esfuerzo de paz», ha señalado.
«Pese a ello, el Gobierno reitera su compromiso a examinar con seriedad todas las denuncias sobre violaciones de los Derechos Humanos y el Derecho Humanitario y publicar sus conclusiones», ha señalado en su mensaje, publicado en su cuenta oficial en la red social Twitter.
En esta línea, ha hecho hincapié en que las autoridades «están comprometidas a hacer que rindan cuentas todos los responsables de violaciones de los Derechos Humanos» y ha recordado que estableció una misión interministerial para llevar a cabo pesquisas en torno a los actos cometidos durante el conflicto.
El Gobierno ha reseñado además que «cuestiona la validez de numerosos asuntos políticos sobre los que las dos organizaciones consideraron necesario pronunciarse», incluidos «asuntos de fronteras internas».
«Es poco inteligente que dos organizaciones no gubernamentales presenten juicios sobre estos asuntos. Deberían saber que su informe será ahora usado para fines políticos. Esta actitud no es aceptable. Fracasaron a la hora de ejercer las debidas diligencias», ha manifestado.
Por otra parte, ha mostrado su «preocupación» por los «tonos étnicos» y que el informe «parezca culpar de forma desproporcionada a unos mientras intenta exculpar a otros». «Esto incita al odio y hace más difícil la reconciliación y la sanación», ha argüido.
«La responsabilidad es individual. Todos los responsables de las supuestas violaciones rendirán cuentas. Los informes sensacionalistas y periodísticos desacreditan este voluminoso informe. Culpar simplemente a un grupo no sirve a la causa de los Derechos Humanos y la paz», ha señalado.
En esta misma línea, ha apuntado a «otras debilidades» en el informe, entre ellas que «se fundamenta principalmente en supuestos testimonios de ciertos grupos». «El equipo de investigación examinará el informe pese a estas debilidades fatales y el ataque injusto contra las valientes fuerzas el Ejército y fuerzas aliadas», ha zanjado.
HRW y Amnistía Internacional denunciaron el miércoles una campaña de «limpieza étnica» con actos que constituyen crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra en Tigray a manos de las fuerzas de seguridad de la vecina región de Amhara, en el marco del conflicto desatado con el TPLF.
El conflicto en Etiopía estalló en noviembre de 2020 tras un ataque del TPLF contra la principal base del Ejército, situada en Mekelle, tras lo que el primer ministro, Abiy Ahmed, ordenó una ofensiva contra el grupo tras meses de tensiones a nivel político y administrativo.
El TPLF acusa a Abiy de azuzar las tensiones desde su llegada al poder en abril de 2018, cuando se convirtió en el primer oromo en acceder al cargo. Hasta entonces, el TPLF había sido la fuerza dominante dentro de la coalición que gobernó Etiopía desde 1991, el Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope (EPRDF), sustentada en las etnias. El grupo se opuso a las reformas de Abiy, que consideró como un intento de socavar su influencia.
