La decisión precede a la reanudación, el sábado, de la moción contra el primer ministro y en medio de una enorme tensión social
MADRID, 20 (EUROPA PRESS)
El alto tribunal de Islamabad, la segunda instancia judicial más importante del Pakistán, ha declarado este viernes la suspensión de la enmienda de ley promulgada en febrero que expandía el alcance del delito de difamación en redes sociales — en especial contra las autoridades y el Ejército del país — y endurecía significativamente las penas al respecto.
La nueva legislación actualizaba la llamada Ley de Prevención de Delitos Electrónicos de 2016 (PECA) y, además de aumentar de tres a cinco años la pena de prisión por difamación de cualquier persona o institución, eliminaba la posibilidad del depósito de una fianza. Los difamados no tendrán por qué presentar ellos mismos su caso, sino que cualquier persona podría actuar como parte.
Asimismo, y en una medida directamente dirigida a los medios de comunicación, ampliaba la definición de «persona sospechosa» de difamación a «cualquier empresa, asociación o grupo de personas, ya sea constituida o no», frente a cualquier «institución, organización, autoridad o cualquier otro organismo establecido por el Gobierno», incluido el influyente Ejército del país.
Ahora, y en un dictamen recogido por el diario ‘Dawn’, el presidente del Alto Tribunal de Islamabad, el juez Azar Minalá, ha invalidado la enmienda al considerar que «la libertad de expresión es un derecho fundamental y refuerza todos los demás derechos garantizados por la Constitución».
La libertad de expresión y el derecho a recibir información «son esenciales para el desarrollo, el progreso y la prosperidad de una sociedad», y su supresión es «anti constitucional y contraria a los valores democráticos».
«La criminalización de la difamación, la protección de la reputación individual a través del arresto y el encarcelamiento y el efecto intimidatorio resultante viola la letra de la Constitución y la invalidez de la enmienda está más allá de toda duda razonable», según la orden.
Esta decisión tiene lugar en un momento en que el país atraviesa una de las crisis políticas más graves de los últimos años y cuyo último episodio se dio a conocer el jueves, cuando el Supremo paquistaní invalidó la decisión del Parlamento de retirar una moción de censura contra el primer ministro, Imran Jan, quien hace unos días disolvió la cámara y convocó elecciones anticipadas.
La decisión del Supremo parece poner fin a una semana de incertidumbre y tumba lo que parecía haber sido un gran golpe de efecto por parte de Jan a los intentos por sacarle del poder.
El domingo, el vicepresidente de la Asamblea Nacional de Pakistán, Qasim Jan Suri, desestimó la moción al declararla como «anticonstitucional», al contravenir el Artículo 5 de la Constitución, que obliga a todos los paquistaníes a declarar su lealtad al Estado, después de que Jan acusara a una potencia extranjera, en este caso Estados Unidos, de orquestar una conspiración.
El primer ministro, para apaciguar los ánimos, declaró nuevas elecciones en un plazo de 90 días pero la decisión del Supremo sobre la votación ha trastocado seriamente sus planes. La votación tendrá lugar el sábado por la mañana y en principio la oposición cuenta con respaldos de sobra para derrotar al primer ministro, acusan de haber hundido la economía del país y de someterse a los designios de las poderosas Fuerzas Armadas, uno de los grandes actores políticos del país desde su independencia del Raj británico en 1947.
Por contra, Jan señala que la persecución contra su figura se debe a las investigaciones de corrupción que lidera contra algunos de los grandes iconos de la gran alianza opositora y presentadora de la moción, el Movimiento Democrático de Pakistán (MDP), como el exprimer ministro del país Nawaz Sharif o el expresidente Asif Zardari.
