CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró el viernes el aval que dio la Suprema Corte de Justicia a la polémica Ley de la Industria Eléctrica (LIE) que fortalece al sector público. En paralelo, la confederación de las mayores empresas de México afirmó que la decisión no frenará los amparos que hay contra la ley y planteó que mientras no se resuelvan esas acciones la legislación no podrá ejecutarse.
La ley establece que la electricidad debe ser comprada primero a las plantas que son de propiedad del Estado, las cuales se alimentan mayormente de combustibles fósiles como carbón, petróleo y diésel. Si aún hay demanda se podrá comprar electricidad a las plantas privadas de energía renovable y gas natural. Además permite revocar permisos obtenidos mediante actos que constituyan un fraude a la ley y revisar, renegociar o terminar contratos suscritos con productores independientes.
“Estoy muy contento”, dijo López Obrador durante su conferencia matutina tras considerar “histórica” y “patriota” la sentencia de la Corte y desestimó la afirmación que realizó la víspera el embajador estadounidense, Ken Salazar, quien presagió que la validación de la norma abrirá el camino a “litigios sin fin”.
El mandatario adelantó que se centrará en rescatar a la estatal Comisión Federal de Energía, que ahora manejará los certificados de energías limpias producidas por las centrales existentes y beneficiará así unas 60 hidroeléctricas estatales. También descartó que la validación de la ley ahuyente a los inversionistas privados y sostuvo que cuando haya más información sobre los alcances de la legislación, aprobada el año pasado por el Congreso controlado por el oficialismo, se entenderá que su gobierno busca “corregir lo que estaba muy mal”.
El gobernante no quiso adelantarse sobre la suerte que podría correr el proyecto de reforma constitucional en materia eléctrica que comenzará a discutirse la próxima semana en Congreso, pero anunció que estaba dispuesto a promover una reforma de ley minera para garantizar que la explotación de litio quede bajo control exclusivo del Estado.
López Obrador enfrenta dificultades para lograr que la reforma constitucional avance en el Congreso debido a que para su aprobación se requiere el apoyo de las tres cuartas partes de los congresistas, algunos de los cuales son opositores y ya han manifestado que no apoyarán el proyecto.
La reforma constitucional también ha generado preocupación entre los inversionistas y Washington, que sostiene que va contra el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y pone en riesgo inversiones por 10.000 millones de dólares.
Tras la conferencia de López Obrador, el embajador estadounidense acudió al palacio de gobierno, por segunda vez en la semana, para reunirse con el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. Al final del encuentro, Salazar dijo a la prensa que «la unión entre los Estados Unidos y México es para siempre porque estamos integrados en nuestra economía, y en los pueblos de Estados Unidos y México, entonces vamos en muy buen camino”.
Al lamentar la decisión del máximo tribunal, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) dijo en un comunicado que “a pesar de no declararse la inconstitucionalidad de la ley, el resultado de la deliberación de la SCJN permite que los amparos contra la LIE sigan su curso”, y agregó que los argumentos expuestos por los ministros, que consideraron algunos puntos de la ley como violatorios de la constitución, podrán usar en los procesos.
“Al momento, la reforma a la LIE se encuentra suspendida por jueces federales, y seguirá así hasta que se resuelva el fondo en las distintas instancias del Poder Judicial”, sostuvo la Coparmex, y recordó que desde que se aprobó la legislación la confederación ha advertido que atenta contra la libre competencia, la concurrencia económica, genera incertidumbre en el mercado, pone en riesgo el cumplimiento de los acuerdos internacionales y debilitar al Estado de Derecho.
Los ministros de la Corte resaltaron que México debe respetar el derecho a un medio ambiente sano y los compromisos que lo vinculan con la reducción de gases de efecto invernadero mediante la sustitución de energías de fuentes fósiles por renovables. No obstante, indicaron que los acuerdos comerciales como el T-MEC “no contienen normas sobre derechos humanos” y por tanto no sirven como argumento para hacer valer una acción de inconstitucionalidad.
Luego de que el Congreso aprobó en marzo la legislación varias compañías energéticas privadas interpusieron amparos para poder seguir operando y muchas consiguieron el aval temporal de los tribunales para bloquear la normativa. De forma paralela a esos recursos judiciales, senadores opositores, la Comisión Federal de Competencia Económica y el gobierno del estado occidental de Colima también interpusieron acciones en la Corte.
Los detractores de la ley alegan que la normativa socava la competitividad en el sector, daña el medio ambiente y va en contra el T-MEC y otros convenios internacionales suscritos por México.
López Obrador afirmó el viernes que con la sentencia del máximo tribunal las acciones legales contra la ley que esperan sentencia no podrán prosperar, pero el Instituto Mexicano para la Competitividad dijo en un comunicado el viernes que las decisiones de la Corte “son independientes de los amparos pendientes en los tribunales, que mantienen la libertad de resolverlos en el sentido que decidan”.
Miriam Grunstein, académica asociada del Centro México del James Baker Institute de la Universidad Rice, dijo a AP que con la decisión del máximo tribunal México puede perder “mucha capacidad de inversión, mucha credibilidad” porque tendrá “un sistema eléctrico inoperable” que podría generar una crisis energética justo cuando el mundo vive un momento muy complicado debido a la guerra entre Rusia y Ucrania.
Además teme que pueda ser el principio del fin de la libre competencia en el sector energético.
