MADRID, 18 (EUROPA PRESS)
Los diputados de Vox Macarena Olona y Víctor González han viajado a Panamá para entregar a las autoridades del país la documentación que acreditaría un presunto desfalco de 5 millones de euros cometido allí por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
Vox ya anunció que trasladaría el asunto a las autoridades locales tras denunciar el caso en España ante la Fiscalía Anticorrupción. La denuncia fue presentada por la propia Olona, secretaria general del grupo parlamentario en el Congreso y abogada del Estado.
«Desde hace 15 años se habría cometido ese desfalco financiero mediante talones bancarios falsificados que habría sustraído esos 5 millones de dólares a través de tres cuentas bancarias del Gobierno de España», explicó Olona antes de presentar la denuncia ante la Fiscalía Antocorrupción.
Según la denuncia, a la que tuvo acceso Europa Press, los hechos habrían ocurrido en la Oficina Técnica de Cooperación (OTC) en Panamá, que se encarga de «las funciones de identificación y seguimiento de los proyectos programas de cooperación para el desarrollo financiados por la AECID, así como de aquellas tareas de apoyo y coordinación de todos los actores de la Cooperación Española» en la nación centroamericana.
Vox identifica a Omar Antonio Guevara Barrios, administrador contable de la OTC entre marzo de 1992 y febrero de 2020, como el principal responsable. Así, su ‘modus operandi’ habría consistido en «la falsificación de la firma de sucesivos coordinadores en innumerables talones con cargo a las diferentes cuentas afectadas», así como en los estadillos bancarios de las cuentas.
Detalla el escrito que, de la caja en efectivo, se habrían retirado 1.720,94 euros; mientras que las cuentas afectadas serían una de funcionamiento ordinario de la OTC, de donde habrían salido 135.522,87 euros; otra para ingresar fondos de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional al Desarrollo (AACID), de donde se habrían sacado 1.311.317,13 euros; y una tercera relacionada con el Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS), de donde se habrían extraído 3.587.284,44 euros; lo que arroja un total 5.035.845,38 euros.
Dado que Guevara Barrios fue el administrador de la OTC panameña durante el periodo que se habría sustraído el dinero, el partido político le señala como presunto culpable de un delito de malversación.
No obstante, recalca que «la responsabilidad patrimonial de los gestores de fondos públicos alcanza a todas las personas que tengan encomendados el manejo y la custodia de estos». Y en este sentido apunta que la coordinadora de la OCT de Panamá entre 2009 y 2017, Rosa Beltrán, debería responder por los 3.187.078,55 euros que habrían salido irregularmente de esas cuentas durante su mandato, y su sucesor, Carlos Cano Corcuera, por los 1.848.766,83 euros restantes.
En el caso de Beltrán y Cano Corcuera, subraya Vox, «presumiblemente ha podido existir una actuación culposa grave por no haberse adoptado las medidas mínimas necesarias para evitar las actuaciones delictivas del administrador».
APENAS 2.000 DÓLARES EN CUENTA
Tanto en la denuncia como en sus declaraciones a la prensa, Olona puso de manifiesto que todos estos datos aparecen recogidos en un informe, que también ha entregado en Anticorrupción, elaborado por la División de Control y Mejora de la Gestión del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación que se remitió el pasado el 8 de junio al Tribunal de Cuentas.
La denuncia refleja que las alarmas saltaron «en los días sucesivos a la ausencia del señor Guevara Barrios, en 17 de febrero de 2020», cuando la Dirección del Subsector del Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (DISAPAS) reclamó una transferencia de más de un millón de dólares estadounidenses, que ya había sido aprobada y tramitada, pero no realizada, y que obedecía al Programa del Agua Potable y Saneamiento en Área Rural e Indígenas de Panamá.
Entonces, el coordinador de la OTC, Cano Corcuera, preguntó al banco por qué se había retrasado esta transferencia y le contestaron que «el saldo de la cuenta no llegaba a los 2.000 dólares».
Fue en ese momento cuando comenzaron las pesquisas internas. Se puso en conocimiento de la Embajada y la Agregaduría de Interior y ese mismo mes se presentó ante la Fiscalía panameña una denuncia por presunta malversación contra el administrador. Todo ello provocó que agentes de la Inspección General de servicios del Ministerio de Exteriores viajaran a Panamá entre el 10 y el 12 de marzo de 2020 para indagar en lo ocurrido, parte de cuyo trabajo se recoge en el citado informe.
