LA PAZ, Bolivia (AP) — Tras siete años preso sin sentencia y con 88 juicios en su contra, murió el martes el exfuncionario boliviano que develó uno de los mayores desfalcos de fondos públicos y de cuya investigación quedaron afuera altos cargos y dirigentes del gobierno del expresidente Evo Morales.
Marco Antonio Aramayo, exdirector del Fondo de Desarrollo Indígena, falleció debido a una “falla multiorgánica” agravada por un cuadro de “diabetes e hipertensión”, según el informe médico del hospital donde estaba internado desde el sábado.
Entre 2015 y 2017 Aramayo dirigió ese fondo que financiaba proyectos para los pueblos originarios más pobres. Tras denuncias públicas de malversación, el funcionario reveló que los fondos públicos destinados a proyectos de desarrollo fueron desviados a cuentas privadas de dirigentes ligados al gobierno de Morales (2006-2019). Nunca se precisó el monto pero denuncias públicas mencionaron más de 40 millones de dólares.
Por el caso fue encarcelada por poco tiempo la exministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo, pero recobró su libertad. Aramayo era el único que estaba procesado en la cárcel. “La injusticia lo ha matado. Su muerte es un indicador de lo mal que está la justicia. Vamos a denunciar a instancias internacionales porque no se respetaron sus derechos y falleció como si fuera el único responsable”, dijo el abogado de Aramayo, Héctor Castellón, en declaraciones a los medios.
La muerte de Aramayo “es la evidencia de una mafia político sindical”, comentó en su cuenta de Twitter el expresidente centrista Carlos Mesa. Autoridades del gobierno no se pronunciaron de inmediato.
Organizaciones internacionales como Human Rights Watch y el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunciaron la “falta de independencia” y la ”instrumentalización de la justicia” por el poder político en Bolivia. Según otros estudios independientes, la corrupción y el retraso son otros males de la justicia de Bolivia, donde más del 80% de los presos no tienen sentencia.
Hasta ahora no ha prosperado un consenso político para llevar adelante una reforma judicial como han sugerido organismos internacionales.
La muerte de Aramayo ocurre en momentos de fuertes pugnas en el gobierno que involucran al gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) que lidera Morales.