CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El Parlamento de Nicaragua, dominado por el gobernante Frente Sandinista, aprobó el miércoles el cierre de otras 25 organizaciones no gubernamentales, entre ellas la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) y dos entidades culturales vinculadas a los escritores disidentes Sergio Ramírez y Ernesto Cardenal.
El decreto enviado por el presidente sandinista Daniel Ortega fue aprobado con 74 fotos a favor, 0 en contra y 15 abstenciones, informaron directivos del Congreso unicameral de 91 representantes.
La CPDH, fundada hace 45 años, era la última entidad defensora de derechos humanos que operaba legalmente en el país, tras el cierre de la Asociación Pro Derechos Humanos y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), clausurados por el gobierno tras las protestas sociales de 2018.
En declaraciones a periodistas, Marcos Carmona, director ejecutivo de la CPDH, lamentó el cierre de su organización y anunció que junto a sus colegas seguirá defendiendo los derechos humanos “a título personal”. El mes pasado, el abogado de la CPDH, Pablo Cuevas, anunció su decisión de exiliarse en Costa Rica tras recibir amenazas de muerte.
“Han sido 45 años de lucha permanente, que nos hemos identificado con el más vulnerable, el más maltratado por los funcionarios que no respetan las leyes”, dijo Carmona. “La vida jurídica de la CPDH finaliza hoy, pero cada uno de nosotros puede seguir trabajando por los derechos humanos”, añadió.
En la lista figuran también la Fundación Luisa Mercado, un centro cultural creado por el escritor y exvicepresidente Sergio Ramírez, Premio Cervantes 2017, y la Asociación para el Desarrollo de Solentiname, fundada por el poeta y sacerdote Ernesto Cardenal, un conocido crítico de Ortega a quien acusó de “dictador”.
Ramírez, quien fue vicepresidente del primer gobierno de Ortega (1985-1990), se encuentra exiliado en España desde el año pasado, cuando la Fiscalía lo acusó por supuesto “lavado de dinero” y se emitió orden de captura en su contra. Cardenal, exministro de Cultura sandinista, fue perseguido judicialmente durante la última década y falleció en enero de 2020.
El Parlamento también le retiró la personería jurídica, entre otras, a la Coordinadora de la Niñez y la Adolescencia (Codeni), al Centro de Derechos Constitucionales, a la Fundación Cohen, a la Asociación Nicaragüense de Cinematografía y al Centro de Comunicación y Educación Popular, todas ligadas a artistas, empresarios, abogados y otras figuras de la sociedad civil que han cuestionado al gobierno.
Nicaragua vive una grave crisis política y social desde la revuelta que estalló en abril de 2018, donde 355 personas murieron a manos de policías y paramilitares, 2.000 fueron heridas y más de 110.000 marcharon al exilio, según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Tras las protestas sociales, el gobierno de Ortega ha clausurado al menos 160 ONG, en su gran mayoría vinculadas a sectores de oposición. En todos los casos el gobierno alegó incumplimiento de requisitos legales establecidos por el Ministerio de Gobernación (Interior).
