BOGOTÁ (AP) — El presidente colombiano Iván Duque se cerró a la posibilidad de iniciar de inmediato una negociación con Nicaragua para definir los derechos de pesca de los pueblos nativos que habitan sus islas del Caribe tras conocer el jueves un fallo de la Corte Internacional de Justicia, máximo tribunal de las Naciones Unidas.
“Con Nicaragua no hay ninguna posibilidad, por lo menos mientras yo sea el presidente de Colombia, de que nos sentemos a ninguna negociación de ningún tratado”, dijo Duque a la prensa, quien antes llamó al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, un “dictador”.
El mandato de Duque terminará en agosto de este año, cuando asumirá un nuevo presidente que será elegido en los comicios del 29 de mayo.
El gobierno de Nicaragua indicó en una nota de prensa que “reafirma su firme compromiso con el Estado de Derecho a nivel internacional y la solución pacífica de las controversias entre los Estados”, pero no se refirió a la posibilidad de abrir una nueva mesa de negociación con Colombia.
La Corte falló sobre una demanda que interpuso Nicaragua en el 2013 contra Colombia por supuestas violaciones de derechos soberanos y espacios marítimos en el Mar Caribe occidental. El tribunal concluyó que Colombia ha violado los derechos soberanos y la jurisdicción de Nicaragua en su zona económica exclusiva al interferir en actividades pesqueras y de investigación científica marina de embarcaciones nicaragüenses y al otorgar permisos a buques colombianos y de otros países para realizar actividades de pesca.
También decidió sobre dos contrademandas que hizo Colombia. En una de ellas alegaba que Nicaragua supuestamente violó los derechos de pesca artesanal de los habitantes del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en particular los del pueblo raizal, una etnia nativa de las islas. Sin embargo, el máximo tribunal concluyó que la solución más adecuada sería una negociación de un acuerdo bilateral entre las partes, recordando que en el pasado Ortega manifestó públicamente su voluntad de dar acceso de los raizales a los bancos de pesca.
Las relaciones diplomáticas entre los dos países son tensas. En febrero de este año el gobierno colombiano le pidió a su embajador en Nicaragua retirarse del país centroamericano en rechazo a unas declaraciones de Ortega en las que calificó a Colombia como un “narco Estado”.
El presidente Duque indicó el jueves que Colombia siempre ha estado dispuesta a solucionar las diferencias con Nicaragua por vías diplomáticas, sin embargo, dijo que las conversaciones que iniciaron en 2012 entre los dos países se terminaron por voluntad de Nicaragua en 2014. Duque reprochó al gobierno de Ortega y lo señaló de ser una “oprobiosa dictadura que desconoce los derechos de la oposición, la prensa libre, la iniciativa privada y las libertades ciudadanas”.
Aunque Colombia se declaró “muy satisfecha” con el fallo de la Corte, en el pueblo raizal hay descontento porque piden mayor protección porque la corte no aceptó su “ancestralidad”, es decir que por siglos hayan practicado la pesca tradicional en lugares que ahora se encuentran en la zona económica exclusiva de Nicaragua.
“No hemos ganado absolutamente nada, sino que la Corte ratificó lo que había dicho en el 2012”, dijo a The Associated Press Endis Livingston Bernard, representante del pueblo raizal ante el Consejo Nacional de Planeación de Colombia y activista derechos humanos. “Lo que clama el pueblo raizal son los derechos de pesca sobre todo el territorio nicaragüense porque es nuestra ancestralidad”, agregó.
La Corte solo permitió que los raizales naveguen “libremente” dentro de la zona exclusiva de Nicaragua para llegar a los bancos de pesca en aguas colombianas, sin que Nicaragua pueda impedir su tránsito.
Duque prometió a los raizales que protegería sus derechos.“No permitiremos que se limite ningún derecho de la comunidad raizal. En los próximos días se expedirán las normas que refuercen esos principios”, advirtió sin dar detalles de las normativas.
En una sentencia de 2012, la Corte Internacional de Justicia aceptó la extensión de las zonas económicas exclusivas de Nicaragua hasta las 200 millas marinas desde las líneas de base de las costas nicaragüenses, reduciendo las de Colombia.
Fue entonces cuando Colombia denunció el Pacto de Bogotá, lo que significa que ya la Corte no puede conocer más demandas presentadas luego del 26 de noviembre de 2013. Todavía resta que el máximo tribunal de la ONU resuelva otra demanda que Nicaragua interpuso contra Colombia para que se establezcan los límites entre una supuesta plataforma continental extendida que dicho país alega tener más allá de sus 200 millas náuticas.