El presidente Joe Biden está enviando al Congreso la primera estrategia nacional de lucha contra el consumo de drogas de su gobierno, en momentos en que el número de muertes por sobredosis en Estados Unidos alcanzó un nuevo récord de casi 107 mil durante los últimos 12 meses.
La estrategia, publicada el jueves, es el primer plan nacional que se enfoca en lo que se conoce como reducción de daños, explicó el doctor Rahul Gupta, director de la oficina de la Casa Blanca para la Política Nacional de Control de Drogas. Eso significa que se enfoca en prevenir la muerte y la enfermedad en los consumidores de drogas mientras trata de involucrarlos en la atención y el tratamiento.
La estrategia exige cambios en las leyes y políticas estatales para apoyar una mayor reducción de daños.
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“Con demasiada frecuencia, estas drogas terminan en comunidades donde la naloxona no está disponible fácilmente”, afirmó Gupta el miércoles, refiriéndose al medicamento que puede reanimar a los usuarios que sufrieron una sobredosis, “donde los servicios de reducción de daños están restringidos o no cuentan con fondos suficientes, donde hay barreras inaceptables al tratamiento”.
La Asociación Médica Estadounidense promovió que la naloxona esté disponible sin receta. Otros ejemplos de reducción de daños son los programas de jeringas esterilizadas o las tiras reactivas que previenen las sobredosis mediante el control de medicamentos en busca de fentanilo.
La reducción de daños previene las sobredosis, reduce la transmisión de enfermedades infecciosas y “como se declaró en un informe reciente de la comisión del Congreso, tiene apoyo bipartidista”, declaró Gupta.
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Gupta, el primer médico en dirigir la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas, supervisará la estrategia, que también incluye:
— Socavar las actividades financieras de las organizaciones delictivas transnacionales que fabrican y trafican drogas ilícitas en Estados Unidos.
— Reducir la oferta de drogas ilícitas contrabandeadas a través de las fronteras de Estados Unidos.
— Mejorar los sistemas de datos y las investigaciones que guían la política antidrogas.
— Asegurarse de que las personas con mayor peligro de sobredosis puedan recibir tratamientos basados en evidencia, como las personas sin hogar y las que están en prisión.
“Todos los que quieran tratamiento deberían poder obtenerlo”, afirmó Gupta.
