BRUSELAS, 21 (EUROPA PRESS)
La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha resuelto este jueves remitir una carta al Gobierno de España y a las autoridades regionales solicitando información sobre la situación de las ‘okupaciones’ ilegales y remitirá la cuestión la comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior la cuestión
Así lo han consensuado los grupos políticos tras escuchar en sesión parlamentaria la petición presentada por la asociación Ciudadanos europeos en Mataró que ha advertido de la situación en el municipio barcelonés, así como en Cataluña y en España, derivada de la ‘okupación’ ilegal de viviendas y la falta de protección y seguridad por parte de las autoridades.
En nombre de la asociación, la decana del colegio de Abogados de Mataró, María Pastor, ha alertado de la desprotección de los ciudadanos derivada del «fenómeno ‘okupa’, que desarrollan grupos de delincuencia organizada, que realizan ‘okupaciones’ por encargo» a cambio de dinero o de drogas».
La letrada ha expuesto que en España «no existe el derecho a ‘okupar’ ilegalmente», sin embargo, ha destacado que otros Estados miembro tienen medidas para atajar esta situación por lo que ha incidido en que «es competencia comunitaria proteger el derecho a la propiedad privada».
A lo cual, el Ejecutivo comunitario ha contestado que las reglas que se mencionan, «incumben al derecho nacional» y, por tanto, que no «incumbe a la Comisión Europea zanjar» la cuestión, por lo que ha concluido que compete al sistema judicial a escala nacional.
En un paso más, Bruselas ha detallado que el derecho a la propiedad, que atañe a este caso, «incumbe al derecho nacional» si bien ha añadido que existe la posibilidad de llevar esta cuestión ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos «cuando todos los canales hayan sido agotados».
A lo que Pastor ha contestado que se agotaron todos los canales y ha ofrecido trasladar al Ejecutivo comunitario propuestas legislativas elaboradas desde la abogacía catalana y española para dar una solución al problema, ya que considera que «las autoridades españolas no están haciendo lo suficiente».
El eurodiputado de Cs, integrado en el grupo Renew Europe, Jordi Cañas, ha afeado al Ejecutivo comunitario que la cuestión «no le incumba» y ha destacado que la situación es anómala en España «pero estamos en Europa porque hay mecanismos para solventarlo».
«Hay una situación de pérdida de derecho, de una tutela judicial efectiva que no funciona y tenemos la obligación de que nos incumba», ha insistido Cañas.
Por su parte, la eurodiputada balear del PP, Rosa Estaràs Ferragut, ha expuesto que la ‘okupación’ de una vivienda «contraviene el Estado de Derecho», que es la «columna vertebral» de la Unión Europea y ha hecho un llamamiento para realizar un cambio normativo en España.
Mientras, la eurodiputada de Vox, Margarita de la Pisa, ha ido un paso más allá al exigir el «endurecimiento» de la legislación para «que los cuerpos de seguridad del Estado puedan actuar de forma inmediata contra quien comete estos delitos» y ha reclamado que las instituciones europeas «deben vigilar estas problemáticas».
