CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Cuatro años después de las protestas estudiantiles contra el presidente Daniel Ortega, el gobierno nicaragüense ha ocupado una docena de universidades privadas para cerrarlas o ponerlas bajo el control del Estado a fin de minimizar la posibilidad de que se repita una rebelión.
Los estudiantes que participaron en las protestas de abril de 2018 vieron interrumpidas sus carreras. Muchos tuvieron que esconderse o exiliarse ante la represión policial que envió a otros a la cárcel. Pero los que lograron reanudar sus estudios temen no poder terminarlos o conseguir trabajo, porque las universidades ahora bajo control estatal no les dan sus diplomas.
La ocupación de las universidades privadas y la aprobación de una reforma educativa que incrementa el control estatal son los ejemplos más recientes de la persecución implacable contra quienes, según Ortega, conspiraron para derrocar a su gobierno.
“En abril de 2018 el régimen llevó la represión a límites nunca vistos en los últimos años”, dijo a The Associated Press Ernesto Medina, quien fue rector de la privada Universidad Americana de Managua (UAM) durante 11 años hasta fines de 2018 y ahora está exiliado en Alemania. “Ahí nos dimos cuenta de que Ortega no iba a detenerse hasta castigar a las universidades y a los estudiantes”, agregó.
AP solicitó declaraciones sobre el tema a la primera dama y vicepresidenta Rosario Murillo, quien también es vocera del gobierno, pero no recibió respuesta.
En 2018 los estudiantes mantuvieron ocupada durante semanas la Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI) en Managua por temor a ser asesinados si salían a la calle. Hubo frecuentes escaramuzas con la policía y elementos de la Juventud Sandinista. Los jóvenes atendían a sus heridos mientras intentaban coordinarse con los alumnos de otras universidades.
Hoy ese centro de estudios, con una matrícula de 8.000 alumnos, ha sido rebautizado como Universidad Politécnica Nacional (UNP). Su página de Facebook está llena de comentarios de estudiantes o recién graduados preocupados por conseguir los títulos necesarios para encontrar trabajo.
Una joven recién graduada de enfermera, que pidió no ser identificada por temor a represalias, dijo que terminó su carrera en noviembre y todavía espera sus documentos. Ella acudió a hospitales públicos, al sindicato de salud y a clínicas privadas y en todos los sitios le dijeron que no podían contratarla sin su título y el código que se entrega a los graduados.
Otro de los centros de estudios cerrados fue la Universidad Paulo Freire, fundada en 2007 por el abogado Adrián Meza, un conocido militante sandinista durante la revolución que luego se distanció de Ortega.
Meza se exilió en Costa Rica después de que el gobierno confiscara en febrero pasado los dos edificios de su universidad y todos los equipos de otras cinco sedes en el país. Dijo que había una orden de arresto en su contra y que el gobierno tuvo “hostilidad” hacia la universidad por su defensa de los derechos humanos, especialmente después de que Meza denunciara la detención de una de sus estudiantes a fines del año pasado.
Consultado por AP, el ex rector dijo no saber qué suerte corrieron los 1.500 alumnos de la universidad y que, aunque el gobierno prometió dar continuidad a sus carreras, la facultad de Ciencias Políticas aún no ha sido autorizada a reanudar sus clases.
Meza opinó que la confiscación de las universidades es “un retroceso” para el sistema educativo de Nicaragua y que el gobierno de Ortega se apartó hace tiempo de los ideales del sandinismo. “De hecho estamos en la Edad Media, donde cualquier expresión de inconformidad lleva a la cárcel”, afirmó.
A principios de este año, decenas de dirigentes opositores fueron juzgados, condenados y sentenciados tras ser acusados de intentar “desestabilizar” al gobierno sandinista. Unas 140 organizaciones no gubernamentales han sido clausuradas -25 de ellas el miércoles- junto con varios medios de prensa independientes que vieron salir a sus periodistas al exilio.
La Asamblea Nacional, controlada por los sandinistas, aprobó en marzo reformas a dos leyes educativas para restringir la autonomía universitaria e incrementar el control del gobierno, según varios expertos. También se redujeron los fondos del Estado a la jesuita Universidad Centroamericana (UCA) en Managua, otro foco importante de las protestas de 2018. Esos fondos se utilizaban para otorgar becas a estudiantes de escasos recursos.
Ortega ha buscado “vengarse” de las universidades, dijo Medina. “Su objetivo es consolidar el control político del gobierno y el Frente Sandinista” sobre estos centros, aseguró.
Ortega sabe que las universidades pueden ser un embrión de grandes movilizaciones sociales. Muchos de los guerrilleros sandinistas que combatieron con él para derrocar al dictador Anastasio Somoza en 1979 salieron de las universidades, tal como ha sucedido con dirigentes de movimientos similares en Latinoamérica y otras partes del mundo.
Las universidades nicaragüenses perdieron momentáneamente su autonomía durante la revolución sandinista, cuando la junta de gobierno instalada en los primeros años elegía a las autoridades de las casas de estudios. “Fuimos responsables de ese atropello y ahora lo estamos pagando”, comentó Medina, que en aquel tiempo respaldaba al sandinismo.
