MADRID, 25 (EUROPA PRESS)
Las acusaciones populares en el caso de las mascarillas han solicitado al juez que instruye la causa que retire el pasaporte e imponga comparecencias quincenales a Luis Medina y Alberto Luceño tras declarar ante el juez por la presunta estafa al Ayuntamiento de Madrid en la venta de material sanitario, han informado fuentes jurídicas.
Luis Medina y Alberto Luceño han concluido la declaración por la presunta comisión de delitos de estafa, blanqueo de capitales y falsedad documental. En el caso de Medina, se le investiga también por un alzamiento de bienes.
El hijo menor de Naty Abascal ha declarado cerca de media hora y solo ha contestado a las preguntas del juez, negándose a contestar a las partes. De igual modo, Luceño ha comparecido durante unos veinte minutos y tampoco ha respondido a las partes.
El juez Adolfo Carretero se encuentra en su despacho dirimiendo acerca de la solicitud de medidas cautelares. Las acusaciones populares en nombre del PSOE, Podemos y Más Madrid han solicitado la retirada de pasaporte y acudir a firmar al juzgado cada quince días. El Ayuntamiento de Madrid y la Fiscalía no han solicitado la adopción de medidas cautelares.
El aristócrata ha llegado pasadas las 11.40 horas en taxi a las dependencias judiciales. Nada más salir del vehículo, ha sido rodeado por decenas de periodistas que le esperaban en la puerta y ha llegado a la entrada a empujones. Incluso en algún momento se ha golpeado contra las vallas de acceso.
Los investigados solicitaron al decanato de los juzgados acceder en coche en los juzgados pero se les denegó la petición. En el pasillo, el hijo de Naty Abascal ha coindicido con Alberto Luceño pero se han sentado con distancia entre ellos separados por dos bancos, según fuentes jurídicas.
Sin embargo, nada más verse se han saludado y cada uno se ha ido rápido a un banco. Luis Medina manifestó ante el fiscal que su socio no le volvió a coger el teléfono desde agosto de 2020.
HECHOS GRAVES
El instructor investiga una querella de la Fiscalía Anticorrupción por la presunta comisión de delitos de estafa agravada, falsedad documental y blanqueo de capitales, hechos que el magistrado ve «graves» al tener lugar «en el momento más álgido de la pandemia» cuando había «miles de fallecimientos diarios.
El fiscal Luis Rodríguez Sol, que firma la querella, sostiene que los comisionistas, con ánimo de obtener «un exagerado e injustificado beneficio económico», ofrecieron al Ayuntamiento de Madrid la posibilidad de adquirir «grandes remesas de material sanitario fabricado en China».
El hijo menor de Naty Abascal como intermediario obtuvo una comisión de un millón de euros, que destinó a la compra de un velero por 325.515 euros y a dos bonos de inversión por valor cada uno de 200.000 euros.
El sumario de la investigación destapó que días después de recibir las transferencias de la empresa malaya Leno, el aristócrata transfirió el dinero a una cuenta en Países Bajos, dejando una de sus cuentas prácticamente vacía y otra en números rojos.
En la querella, el fiscal solicitó el embargo del velero y de las cuentas bancarias. Al comprobar el juez que tenía menos de 250 euros, procedió a fijar a instancias de Anticorrupción una fianza de 981.000 euros, en cuyo caso de impago se procederá a embargar los derechos hereditarios del investigado en relación a la herencia de su abuela, la duquesa de Medinaceli.
A Medina se le investiga también por la presunta comisión de un delito de alzamiento de bienes después de que el magistrado comprobara que el investigado realizó disposiciones de sus bonos y patrimoniales desde el 13 de abril de 2021, fecha en que fue citado a declarar ante la Fiscalía Anticorrupción.
Únicamente se le ha podido embargar el velero matriculado en Gibraltar y una cuenta corriente con saldo positivo de 247,26 euros para cubrir la responsabilidad civil de los presuntos delitos investigados, cuya cantidad en su caso asciende a 1,2 millones de euros.
«COMISIÓN DENTRO DE LO NORMAL»
El papel de Medina en la operación de compra-venta es de facilitador, según él mismo manifestó durante su declaración ante el fiscal. Fue la persona que contactó con el Consistorio, aprovechando su condición de personaje público y «su amistad con un familiar del alcalde de Madrid», según la querella del fiscal. Se le facilitó el nombre de Elena Collado, coordinadora general de Presupuestos y Recursos Humanos del Área de Gobierno de Hacienda y Personal del Ayuntamiento de Madrid.
Elena Collado está citada a declarar el próximo 9 de mayo como testigo. El PSOE ha pedido al juez que la cite como investigada para que tenga «una adecuada defensa».
En su declaración ante el fiscal, Luis Medina afirmó que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, le «llamó o escribió para darle las gracias» por la donación de 283.000 mascarillas en los peores momentos de la pandemia, afirmando que «no tiene ninguna relación» con él.
«Yo del monto total si lo sumas, entre lo que se lleva él y lo que me llevo yo, yo me llevo menos de un 10% de comisión, que está dentro de lo normal», subrayó entonces.
Ya en el marco de la instrucción, el investigado se quejó en un escrito presentado por su abogado Carlos Texidor de que el juez aceptara la presencia del Ayuntamiento de Madrid en la causa en calidad de perjudicado, al igual que la empresa de la funeraria municipal, al estar de acuerdo en sendos casos con los contratos investigados.
«El asunto se dio por concluido y el Ayuntamiento se sintió satisfecho con la solución, por lo que ahora no pueden venir a quejarse de algo que dieron por válido y por lo que no interpusieron ningún tipo de reclamación, muy al contrario de lo que hicieron con la empresa Sinclair, a la que denunciaron por no tener la calidad suficiente las mascarillas compradas», subrayó el abogado.
LUCEÑO, EL NEGOCIADOR
A Alberto Luceño se le investiga por ser la persona que se encargó de las negociaciones con Elena Collado, ante quien se presentó como un «experto en importación de productos procedentes del mercado asiático, con fábricas en China a su disposición, y como agente exclusivo de la empresa malaya EEE, a través de la cual se iba a realizar la importación».
«En realidad, ni tenía experiencia significativa en negocios de importación ni disponía de fábricas en China, del mismo modo que tampoco era agente exclusivo de ninguna empresa malaya ni actuaba movido por ninguna intención altruista», según la Fiscalía.
Según las investigaciones, Alberto Luceño recibió en concepto de comisiones un total de 5.100.000 dólares –4,6 millones de euros–, mediante transferencias remitidas desde Malasia a una cuenta personal.
Con este dinero, el empresario costeó una estancia en un hotel de Marbella con un coste de 60.000 euros; tres relojes Rolex; doce vehículos de lujo y una vivienda en Pozuelo.
Respecto al investigado, el juez ya ha procedido al bloqueo de tres cuentas bancarias y tarjetas por valor de casi 130.000 euros, así como al embargo de la vivienda de lujo que adquirió.
El comisionista reconoció ante el fiscal anticorrupción que adquiría coches de lujo como una forma de «inversión» para venderlos posteriormente. «Hemos vendido tres ya. Parte son coches de inversión, los compramos porque valían 700.000 euros, 800.000 euros y los conseguimos por 399.000», aseguró durante las diligencias de investigación.
