MADRID, 1 (EUROPA PRESS)
El ministro de Trabajo de Líbano, Mustafa Bayram, ha avisado a Naciones Unidas de que el país apenas puede costear ya la atención a los refugiados sirios que viven dentro de sus fronteras debido a la gravísima crisis económica que atraviesan los libaneses, y ha pedido a la institución internacional que incremente su colaboración.
El país atraviesa una situación nunca vista desde hace un cuarto de siglo y que desde finales de 2019 ha alcanzado un punto crítico donde han coincidido el colapso de la moneda, el aumento de la inflación hasta los triples dígitos y cortes en el suministro de energía que, sumados al descontento endémico de la población con la corrupción reinante desde hace años en el país, han convertido Líbano en un hervidero social.
A todo ello hay que añadir que las elecciones legislativas podrían paralizar todavía más la política nacional en un país que suele tardar meses en elegir a su primer ministro por las fricciones derivadas de su complejo sistema de Gobierno.
«Ya no estamos capacitados para ser la Policía de otros países», ha declarado el ministro libanés, quien previamente manifestó su preocupación al primer ministro del país, Nayib Mikati, a quien dejó a las claras que «el Estado libanés ya no está capacitado para manejar este asunto».
«Ya no tenemos barcos diésel para supervisar el mar. Naciones Unidas y su agencia para los refugiados (ACNUR) deben dar un paso adelante y asumir sus responsabilidades porque los libaneses están haciendo cola en los bancos mientras otros reciben directamente la ayuda en dólares», ha manifestado.
«Los refugiados comparten el agua que bebemos y la electricidad que consumimos y nosotros no recibimos nada. Las instituciones internacionales y los donantes internacionales están cerrando acuerdos para pagar a esta gente en dólares sin pasar por el Estado. Con toda franqueza, esta situación descontrolada ya no es aceptable», ha añadido.
El ministro de Asuntos Sociales, Hector Hajjar, ha mantenido por su parte una reunión con el representante de ACNUR en Líbano, Ayaki Ito, a quien ha trasladado la urgencia de la situación.
Si bien el ministro aseguró que Líbano sigue comprometido con el principio de no imponer en ningún caso las devoluciones de los refugiados a Siria, lamentó que «Líbano ha recibido siempre menos ayuda de la que necesita a pesar de que el 35 por ciento de su población son desplazados y refugiados», según comentarios recogidos por Arab News.
«Incurrimos en pérdidas enormes cada año porque los desplazados se benefician de los subsidios sobre los productos básicos, sin tener en cuenta factores negativos como la caótica situación de seguridad que provocan, la superpoblación de nuestras cárceles y la competencia en el mercado laboral», ha manifestado.
En respuesta, el representante de ACNUR ha pedido a Líbano que mantenga sus compromisos tras recordar que el país ha recibido desde 2015 casi 9.000 millones de dólares para atender a la población desplazada y refugiada dentro de sus fronteras. Además, ha asegurado que los refugiados reciben dinero en efectivo en forma de libras libanesas, y no en dólares.
«Si bien ACNUR reconoce los inmensos desafíos que enfrenta Líbano actualmente, también destaca la crítica necesidad de seguir defendiendo los principios de la protección de los refugiados en Líbano, incluido el principio de no devolución y el derecho a la repatriación voluntaria con seguridad y dignidad», ha hecho saber a través de un comunciado.
No obstante, el representante de ACNUR «también reitera la necesidad de que los refugiados respeten las leyes nacionales libanesas», antes de hacer un llamamiento generalizado «a la comunidad internacional para que siga apoyando a Líbano y a sus personas necesitadas».
