MADRID, 3 (EUROPA PRESS)
El juez del Tribunal Supremo de Brasil, Alexandre de Moraes, ha dado quince días a la Policía Federal para que elabore un informe sobre el material obtenido tras el levantamiento del secreto telemático en una investigación sobre la supuesta revelación de datos confidenciales por parte del presidente, Jair Bolsonaro.
El juez De Moraes sostiene que la Policía Federal, que halló indicios de delito en aquella intervención de Bolsonaro, tuvo acceso a material que violaba la confidencialidad de los mensajes y es fundamental para el análisis de la Fiscalía General, cuanta el portal G1.
El informe debe ser «minucioso» y contar con «todo el material recabado a partir (…) de la vulneración del secreto telemático, preservando la confidencialidad de la información», señala el magistrado del Supremo.
El caso data de agosto de 2021, cuando el presidente Bolsonaro en una de sus comparecencias semanales en redes sociales afirmó que el Tribunal Superior Electoral (TSE) había sido objetivo de un ataque informático en las presidenciales de 2018.
A pesar de que dicho ataque no supuso, según el TSE, ningún riesgo para el buen funcionamiento de las presidenciales de 2018, Bolsonaro utilizó dicha investigación para poner en cuestión las urnas electrónicas, como parte de la particular cruzada que desde hace unos meses está llevando a cabo para cuestionar la credibilidad de las próximas elecciones.
Bolsonaro no fue acusado por la Policía puesto que dispone de estatus especial y por tanto depende ahora de la Fiscalía General iniciar o no acciones legales contra el presidente, así como contra el diputado Filipe Barros, quien también estaba presente cuando se reveló aquella información.
Sin embargo, la Fiscalía ha apostado siempre por archivar la causa. Según el fiscal general, Augusto Aras, si bien Bolsonaro pudo haber difundido información sobre esta investigación «de manera tergiversada», esto «de ninguna manera afecta las conclusiones de las conductas investigadas».
Aras, conocido aliado del presidente brasileño, insiste en que esta causa «no se tramitó de manera privada por el equipo policial, ni estuvo amparado por un régimen de secreto externo al momento de la investigación», por tanto «no hay forma de atribuir a los investigados ni el crimen de revelación de secretos, ni violación del secreto funcional».
