CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — Un juez guatemalteco resolvió el viernes que nueve expolicías y exmilitares enfrenten un juicio por uno de los más emblemáticos crímenes en Guatemala llamado el Diario Militar, en el que se documentó la desaparición forzada y ejecución extrajudicial de 183 personas durante la guerra civil.
El magistrado Miguel Ángel Gálvez detalló los testimonios de los delitos que se habrían cometido. “Los subían a vuelos y los aventaban en el océano para eliminar la evidencia de las torturas», dijo al explicar su fallo. También enumeró las torturas -arrancar las uñas o la lengua, violaciones y electrocuciones- presuntamente cometidas por órdenes de los acusados.
Los expolicías y militares enfrentarán por primera vez a la justicia por los crímenes de estudiantes, profesionales, activistas y guerrilleros que aparecieron en un diario hallado en mayo de 1999 y que registró las tácticas de vigilancia, captura, desaparición y asesinato de las víctimas ocurridos entre 1983 y 1986 durante el gobierno del general Óscar Humberto Mejía Víctores. Entre las víctimas hay al menos dos niños.
Gálvez decidió que los acusados enfrenten un juicio por la desaparición forzada de 14 personas, los delitos contra deberes de humanidad de 21 personas y el asesinato de tres personas.
Entre los acusados están los generales en retiro Marco Antonio González Taracena, de la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala, y Víctor Augusto Vásquez Echeverría, así como el coronel Jacobo Salán Sánchez.
Cuatro acusados, que fueron detenidos posteriormente, están a la espera de que se realicen audiencias para saber su situación y uno más está prófugo de la justicia.
“El Diario Militar” es un documento de 74 páginas que comienza con el registro de Teresa Graciela Samayoa Morales, una de las cuatro víctimas que aparecen en la primera página. Su fotografía extraída de lo que parece ser su cédula de vecindad da cuenta de una joven mujer supuestamente guerrillera.
Samayoa Morales, alias “Sheny”, era miembro de Frente Urbano de de la Organización Revolucionaria del Pueblo en Armas, una de las cuatro guerrillas. “Viajó a Cuba”, dice el registro, fue entregada a una entidad militar y no se consignó más su paradero.
Tras ser localizado el informe fue entregado al Archivo Nacional de Seguridad de la Universidad George Washington en Estados Unidos para su resguardo. Son decenas de hojas descoloridas escritas a máquina que pueden consultarse en línea. En el informe aparecen códigos militares que posteriormente fueron descifrados, como el número 300 que aparece escrito a la par de 99 casos y significa “asesinato”.
Otras personas que aparecen en el informe fueron entregadas a militares, algunos sobrevivieron y varios permanecen desaparecidos.
El documento registraba nombre, apellido y pseudónimo de supuestos militantes de grupos guerrilleros o miembros de asociaciones o sindicatos que fueron detenidos, desaparecidos, asesinados por las fuerzas de seguridad o que tras ser liberados fueron forzados a trabajar con sus captores.
En el registro número 166 está el nombre y dos fotografías de Rudy Gustavo Figueroa Muñoz, un catedrático universitario que según el documento fue detenido el 12 de octubre de 1984 y que supuestamente era jefe de una célula guerrillera. En la descripción también hay una anotación a mano que concuerda con el día y lugar donde fue hallado muerto.
Otro de los casos más impactantes es el registrado con el número 52. Se trataba de Prudencio de Jesús Carrera Camey, quien estuvo detenido 15 días y luego fue asesinado. En el registro no aparece una fotografía suya pero se asegura que era miembro de la guerrilla. Tenía sólo 15 años.
En 2012 la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró al Estado de Guatemala responsable de la desaparición forzada de 26 personas de “el Diario Militar” así como de la violación de sus derechos a la libertad personal, la integridad y la vida.
