Los residentes acusan a las fuerzas de seguridad afines al Gobierno etíope que ocupan el oeste del estado de Tigray
MADRID, 7 (EUROPA PRESS)
Más de una decena de testigos han constatado que fuerzas afines al Gobierno etíope está quemando los restos mortales de cientos de civiles masacrados en el estado de Tigray (en el norte del país) para eliminar pruebas de genocidio durante la guerra contra los rebeldes antes de la posible llegada de una delegación del Tribunal Penal Internacional para investigar lo sucedido.
El oeste de Tigray está ocupado ahora por fuerzas de la vecina región de Amhara en un episodio más de la guerra que enfrenta desde noviembre de 2020 al Gobierno etíope contra el Frente Popular para la Liberación de Tigray (TPLF), y en la que ambos bandos han sido acusados de la comisión de delitos constitutivos de crímenes de guerra.
A las fuerzas de Amhara se les acusa en particular, como explicó el mes pasado la ONG Human Rights Watch (HRW), de «expulsar sistemáticamente de sus hogares a varios cientos de miles de civiles de Tigray mediante amenazas, asesinatos, violencia sexual, detenciones masivas arbitrarias, saqueos, traslados forzosos y denegación de asistencia humanitaria con la aquiescencia y la posible participación de las fuerzas federales etíopes».
Ahora, una investigación de la cadena británica BBC revela, por ejemplo, que «más de 200 cuerpos de civiles del pueblo tigray, enterrados en dos fosas comunes detrás de la escuela de Hamele Hamushte, en la región de Humera, fueron exhumados, quemados y trasladados a otro lugar» después de que la ONU aprobara una investigación independiente de lo ocurrido en una zona donde el acceso de informadores exteriores es prácticamente inexistente.
Las nuevas autoridades del oeste de Tigray han reconocido a la BBC que sus fuerzas han exhumado cadáveres pero puntualizan que su intención es la de recabar pruebas que demuestran una campaña de asesinatos perpetrados por las fuerzas del TPLF durante las últimas décadas.
Los testigos de BBC también relatan otra quema de unos 150 cadáveres en la ciudad de Adebay, también en el oeste de Tigray, y de otros 70 en la localidad de Beaker con la presunta participación de expertos de la Universidad de Gondar para facilitar la «desaparición». La institución no ha respondido sobre estas acusaciones.
La oficina del primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, tampoco ha hecho comentarios y solo el presidente del parlamento federal, Agegnehu Teshager, ha desmentido categóricamente las acusaciones.
«No ha sido posible exhumar las fosas comunes y mostrárselas al mundo hasta estos días porque el TPLF estaba gobernando el país», ha aseverado, antes de descartar las acusaciones vertidas por Human Rights Watch como «informes sensacionalistas que no tienen en cuenta la realidad sobre el terreno».
El TPLF acusa a Abiy de azuzar las tensiones desde su llegada al poder en abril de 2018, cuando se convirtió en el primer oromo en acceder al cargo. Hasta entonces, el TPLF había sido la fuerza dominante dentro de la coalición que gobernó Etiopía desde 1991, el Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope (EPRDF), sustentada en las etnias. El grupo se opuso a las reformas de Abiy, que consideró como un intento de socavar su influencia.
