JINBA, Cisjordania (AP) — Todo aquí es improvisado, resultado de décadas de incertidumbre. Las viviendas están hechas de hojalata y plástico, el agua es traída en camiones cisterna y la electricidad se obtiene a partir de baterías o algunos páneles solares.
La vida de miles de palestinos en un grupo de comunidades de beduinos del sur de Cisjordania ha estado en compás de espera por más de cuatro décadas, desde que Israel declaró que la tierra que cultivaban y en la que vivían pasaba a ser una zona de entrenamiento militar.
Desde esa decisión en 1981, los residentes de la región de Masafer Yatta han capeado demoliciones, incautación de propiedades, restricciones, interrupciones en el suministro de alimentos y agua, y una amenaza persistente de ser expulsados.
Esa amenaza se incrementó significativamente esta semana después de que la Corte Suprema de Israel ratificó una añeja orden de expulsión contra ocho de 12 aldeas palestinas que forman Masafer Yatta, lo que podría dejar a cuando menos 1.000 personas sin hogar.
Algunos residentes dijeron el viernes que están decididos a permanecer en la tierra.
El veredicto fue emitido después de una lucha jurídica de más de dos décadas por parte de los palestinos para permanecer en sus viviendas. Israel ha alegado que los residentes sólo usan el área para la agicultura de temporal y que ya habían rechazado ofertas para alcanzar una solución negociada en la que habrían tenido acceso ocasional a la tierra.
Los palestinos dicen que, si se implementa, el fallo despeja el camino para el desalojo de las 12 comunidades que en total tienen 4.000 habitantes, en su mayoría beduinos cuya economía se basa en el manejo de rebaños y una forma tradicional de agricultura en el desierto.
