HOUSTON (AP) — Un activista conservador de Houston acusado de retención ilegal y agresión agravada había solicitado a un fiscal federal en Texas que proporcionara alguaciles a su investigador privado para ayudarlo a decomisar lo que creían eran papeletas de voto fraudulentas en un vehículo de un técnico de aire acondicionado.
En la transcripción de una llamada telefónica del médico Steven Hotze al entonces fiscal federal Ryan Patrick presentada ante una corte de distrito en Houston se lee que Hotze explica a Patrick los planes del investigador privado Mark Aguirre para causar que el vehículo del reparador se accidente y Aguirre efectúe un arresto civil.
Aguirre también está acusado de los mismos delitos y ambos han dicho a través de sus abogados que no cometieron irregularidad alguna. Patrick, que ahora está en el sector privado, declinó hacer declaraciones. Hotze y Aguirre se encuentran en libertad bajo fianza.
Aguirre confiaba en decomisar lo que creía serían miles de papeletas de voto fraudulentas, pero el vehículo sólo transportaba herramientas, dijeron los fiscales.
El entonces presidente Donald Trump y otras personas ha asegurado falsamente que hubo fraude electoral a gran escala en los comicios presidenciales de 2020, ganados por el demócrata Joe Biden.
“Él (Aguirre) necesita un alguacil a su lado”, dijo Hotze, según la transcripción de la llamada telefónica del 17 de octubre de 2020. “Él no quiere tener al Departamento de Policía de Houston, afirmó que toda la evidencia desaparecería”.
La Fiscalía General de Texas no colaboraba, se dijo en la transcripción y el departamento de policía del condado no era de confianza “obviamente porque son demócratas”.
Ryan respondió que ningún agente federal trabajaba para su oficina.
“Yo no puedo enviar a alguaciles… no trabajan para mí”, sostuvo Ryan, según el documento.
El abogado de Hotze, Jared Woodfill, dijo en un comunicado a KTRK-TV que su cliente es inocente.
El abogado de Aguirre, Terry Yates, también rechazó que su cliente hubiera cometido alguna irregularidad.
“Esto se trata de un juicio con tintes políticos que carece totalmente de fundamentos conforme a los hechos o la ley”, declaró Yates.
