RÍO DE JANEIRO (AP) — Organizaciones medioambientales e indígenas brasileñas, junto con algunas empresas, instaron a Estados Unidos a entregar la financiación prometida para la protección de los bosques y a tratar directamente con quienes viven en la selva, la han protegido y, según afirman, “se ven directamente afectados por la creciente deforestación”.
Más de 300 organizaciones y empresas firmaron una carta publicada el lunes en la noche, antes de que el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes estadounidense discuta en una audiencia prevista para el jueves un proyecto de ley presentado en noviembre por el líder de la mayoría en el Senado, Steny Hoyer. La norma, conocida como Amazonía21, crearía un fondo de 9.000 millones de dólares administrado por el Departamento de Estado para financiar la conservación de los bosques y la absorción natural de dióxido de carbono en los países en desarrollo.
En la misiva, los firmantes dicen que su aprobación sería un indicio de que el presidente estadounidense, Joe Biden, cumple la promesa que hizo el año pasado en la conferencia del clima en Glasgow, Escocia, de contribuir con 9.000 millones de dólares a la lucha contra la deforestación. Hoyer presentó Amazonía21 luego de ese anuncio.
Las posibilidades de que se apruebe la norma tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes son inciertas ya que tanto el Congreso como Biden están centrados en la ayuda militar a Ucrania y las iniciativas nacionales de la agencia climática del mandatario siguen estancadas. Sin embargo, la carta destaca que el proyecto de ley afecta a una de las principales fuentes de emisiones de gases con efecto invernadero.
Brasil posee alrededor de un tercio de la selva de la Amazonía, el mayor bosque tropical de este tipo y un enorme sumidero de dióxido de carbono. Existe una preocupación generalizada porque su deforestación libere enormes cantidades de este gas a la atmósfera, complicando más aún las esperanzas de frenar el cambio climático. Y lo que es peor, podría superar el punto de inflexión en el que gran parte de la selva comience el proceso irreversible de degradación hacia una sabana tropical.
Entre los firmantes de la carta están Coalición Brasileña sobre Clima, Bosques y Agricultura, una vasta organización que abarca a una gran variedad de miembros, desde WWF Brasil al productor de carne JBS; y la Coordinadora de Organización Indígenas de la Amazonía Brasileña.
Afirman que quieren que el proyecto de ley garantice una “financiación transparente y directa” que llegue directamente a las comunidades indígenas y a otros que tradicionalmente han conservado el bosque y cuyos medios de vida se ven directamente afectados por su degradación.
El Departamento de Estado suele gestionar sus relaciones de nación a nación, pero Amazonía21 especifica que pueden alcanzarse acuerdos forestales con actores “subnacionales».
“Hay muchas formas de hacer cooperación internacional», afirmó André Guimarães, vocero de la coalición, por teléfono. “Se puede extender un cheque a un socio gubernamental, crear un mecanismo financiero que respalde iniciativas y proyectos, trabajar con gobiernos subnacionales o crear mecanismos financieros».
La cuestión de quién controla los fondos es más importante ahora en Brasil ya el gobierno de Jair Bolsonaro no respalda ni la protección de la Amazonía ni la autonomía de los pueblos indígenas. Durante su presidencia, la deforestación amazónica alcanzó su peor nivel en 15 años, lo que siguió a un aumento del 22% el año anterior, de acuerdo con los datos oficiales publicados en noviembre. La región amazónica de Brasil ha perdido un área forestal equivalente aproximadamente a la superficie de Bahamas en los 12 meses anteriores a julio de 2021.
Según Guimarães, la carta no es una reacción contra el presidente ultraderechista, cuya política medioambiental ha recibido amplias críticas, pero indicó que Bolsonaro vería con malos ojos la aportación ya que en el pasado se refirió a las fuerzas imperialistas que tratan de quedarse con la Amazonía.
En 2019, durante su primer año en el cargo, Bolsonaro socavó además el mayor esfuerzo de cooperación internacional para preservar la región, el Fondo Amazónico, respaldado por Noruega, al disolver el comité directivo que seleccionaba los proyectos que a financiar.
Esta iniciativa se diseñó para que, cuánto más reduzca la deforestación Brasil, más donaciones reciba. Noruega proporcionaba más del 90% de los fondos, alrededor de 1.200 millones de dólares.
Desde entonces, el Fondo ha respaldado únicamente proyectos aprobados antes de la elección de Bolsonaro. Noruega y Alemania han dejado de contribuir económicamente a la iniciativa.
Los destinatarios de la carta fueron Hoyer, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi; Biden; el secretario de Estado, Antony Blinken, y miembros del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara.
