BOGOTÁ (AP) — Un colectivo de abogados sustentaba en una audiencia pública el jueves —ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos— su demanda contra el Estado colombiano por presuntos seguimientos ilegales, intimidaciones y violencia sostenida durante tres décadas en vinculación a sus actividades de defensa de los derechos humanos.
La Corte IDH convocó a una audiencia pública sobre las excepciones preliminares que se extenderá durante el jueves y viernes para recibir los alegatos, escuchar a los posibles afectados y a los peritos.
El abogado Alirio Uribe, presunta víctima, dijo ante los jueces que por su labor de liderazgo desde los años 90 en el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR) fue objeto de “tortura psicológica”, seguimientos a él y a su familia, múltiples amenazas y vigilancia ilegal de agencias de inteligencia estatales.
“Tuve que entrenar a mis hijos a escaparse por el baño y el techo. Fueron muchos hechos de terror, de tortura psicológica permanente”, explicó Uribe, quien ha trabajado en casos de impacto nacional que involucraron a agentes estatales como el homicidio del periodista Jaime Garzón y los “falsos positivos”, como se conocen las ejecuciones extrajudiciales a manos de miembros del ejército contra civiles para hacerlos pasar como guerrilleros vencidos en combate.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó en su informe de fondo de 2019 que el Estado colombiano es responsable por la violación de varios derechos del colectivo, entre ellos a la vida, las garantías judiciales y la protección de la honra y dignidad.
La CIDH identificó entonces que el estatal Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) creó un grupo especial de inteligencia a “efecto de monitorear las actividades laborales de los miembros del CAJAR” para interceptar sus teléfonos y correos electrónicos. “Estos casos generaron en algunos casos su exilio o el de sus familiares a otro país”, aseguró en la audiencia el representante de la CIDH, Edgar Stuardo Ralón.
