MADRID, 12 (EUROPA PRESS)
El ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador, Gustavo Villatoro, no ha descartado este jueves que las autoridades salvadoreñas amplíen nuevamente el estado de excepción impuesto para combatir la ola de homicidios en el país centroamericano.
«Estoy seguro de que, si seguimos teniendo esta lucha como Estado y como sociedad en contra de ellos (las pandillas), vamos a utilizar el tiempo que sea necesario para erradicar este cáncer de la sociedad», ha indicado Villatoro, después de que la Asamblea Legislativa salvadoreña aprobara una prórroga a la medida que se extenderá hasta el 25 de mayo.
El ministro salvadoreño ha destacado que la media de detenciones diarias es de 500 personas y que el miércoles se superaron las 28000 desde el comienzo del estado de excepción, el 27 de marzo. No obstante, según ha recogido el diario local ‘El Mundo’, no ha detallado cuántas de estas personas siguen en prisión o se les ha abierto un proceso judicial.
«Mientras la gente nos siga pidiendo y nos siga dando información de dónde se están ocultando estos cobardes terroristas, nosotros vamos a seguir trabajando en esa línea, independientemente de si falta poco para que venza el régimen (de excepción)», ha agregado.
Un diputado de GANA, Guillermo Gallegos, ya ha adelantado su disposición a aprobar una prórroga, porque la medida «está funcionando perfectamente». Otros partidos de la oposición han adelantado que no estarían a favor, debido a las denuncias de detenciones arbitrarias y de vulneraciones a los Derechos Humanos en el marco de esta medida.
El Gobierno salvadoreño reconoció el lunes la muerte de al menos once personas detenidas en el marco del estado de excepción, impuesto a finales de marzo y ampliado recientemente.
La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó la ampliación del estado de excepción declarado para combatir a las pandillas después de una petición por parte del presidente, Nayib Bukele, por lo que la medida estará vigente 30 días más.
Durante este periodo, el Gobierno salvadoreño queda capacitado para suspender ciertas libertades y garantías para facilitar despliegue de militares y policías en las calles y en los municipios donde ocurrieron estos homicidios.
Human Rights Watch (HRW) o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han manifestado su preocupación por la imposición del estado de excepción en El Salvador, a lo que Bukele ha respondido que estas organizaciones «defienden a los pandilleros». Mientras, Naciones Unidas ha mostrado asimismo preocupación por la ola de homicidios en el país centroamericano.
