Los indicios son «claramente insuficientes» para avalar una querella
MADRID, 12 (EUROPA PRESS)
La Fiscalía Anticorrupción ha archivado las diligencias preprocesales abiertas en 2018 relativas a las comisiones de hasta 80 millones de euros presuntamente irregulares cobradas en relación con el AVE a La Meca al no haberse podido acreditar la comisión de un delito de corrupción en las transacciones internacionales.
Según ha informado el Ministerio Público, el jefe de Anticorrupción ha aprobado la propuesta formulada por el fiscal del caso, Luis Pastor, de archivar esta investigación preliminar, ya que no se encontraba judicializada, sino en una fase anterior –de diligencias fiscales–.
Pastor concluye que los elementos que tiene la Fiscalía tras la investigación «son claramente insuficientes, sin univocidad incriminatoria, carentes de la necesaria conexión entre sí, en parte contradictorios».
Explica que, atendiendo a la reiterada doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, los indicios con los que cuenta no avalarían una querella que permitiera superar la fase preprocesal que representan las diligencias del Ministerio Público.
Pastor relata que dicha investigación «ha estado dirigida a tratar de dilucidar si por parte de las compañías españolas, integrantes del consorcio adjudicatario de las obras del AVE a La Meca, se ha realizado algún pago o compensación a funcionarios o autoridades del Reino de Arabia Saudita que hubiera facilitado la adjudicación de las obras».
Cabe recordar que en estas diligencias fiscales se investigaban los contratos, pero no a Juan Carlos I, ya que en el momento de los hechos gozaba de inviolabilidad al ostentar entonces la Jefatura del Estado.
Los hechos se remontan a 2006, cuando la Organización de Ferrocarriles Saudó (SRO, por sus siglas en inglés) abrió la licitación para construir una línea de alta velocidad entre las ciudades de La Meca y Medina. Las empresas españolas interesadas en participar formaron un consorcio con otras dos saudíes que acabó adjudicándose las obras de la fase II del macroproyecto en 2012.
Del lado español estaban ADIF, RENFE, OHL, Indra, Talgo, Imathia, Dimetronic, Cobra Instalaciones y Servicios Internacionales; Consultrans y Servicios-Copasa; Instalaciones Inabensa; e Ingeniería y Economía del Transporte. Mientras que por la parte saudí figuraban el Grupo Al Shoula, cuyo titular y beneficiario era un príncipe saudí, y Al Rosan Contracting.
Pastor señala que «se estableció un precio de 30.815.000.000 de reales saudíes (6.487.914.772 de euros al cambio de la fecha)», subrayando que «el precio ofertado por el consorcio hispano-saudí, por el que fue finalmente adjudicado el contrato, fue llamativamente inferior (un 29,6%) al ofertado por la otra propuesta competidora, la presentada por el consorcio franco-árabe Al Rajhi Alliance».
DOS COMISIONISTAS
Antes de conseguir el contrato, el consorcio hispano-saudí firmó en 2010 un contrato de consultoría con un príncipe saudí donde se fijaba «una retribución de 120 millones de euros por sus servicios», lo que suponía «algo menos del 2% del precio total del proyecto», si bien el fiscal puntualiza que «no consta» que haya percibido dicha cantidad en su totalidad.
Un año después, en 2011, las empresas privadas españolas del citado consorcio firmaron otro contrato de consultoría con una mujer saudí –en referencia a la viuda de Adnan Khashoggi– por una comisión de 95.788.435,97 euros, si bien esta consultora «ha cobrado solo una parte de lo pactado: 34.808.810 euros y 46.172.927 riales saudíes», porque las mercantiles dejaron de pagar ante las noticias sobre la posible implicación de esta mujer en el pago de comisiones ilegales.
Anticorrupción analizó 11 cuentas bancarias, desde las que se efectuaron un total de 7.507 transferencias por un importe de 1.998.020.248,54 euros y 4.084.396.364,81 riales, estando dentro de esas transferencias los pagos a esos dos comisionistas. No obstante, «además de comprobar los movimientos financieros, se hacía preciso determinar si la actividad de estos dos comisionistas fue real».
LA GRABACIÓN DE VILLAREJO
La Fiscalía Especializada abrió estas diligencias en 2018 para intentar aclarar el destino de 80 millones de euros que según Corinna Larsen se habrían repartido –entre otros el Rey emérito– por la adjudicación del AVE a La Meca. El juez de la Audiencia Nacional a cargo del ‘caso Villarejo’ archivó la pieza ‘Carol’ y remitió testimonio a Anticorrupción para que evaluara indicios de delito que se derivaban del contenido de una conversación entre Larsen, el empresario Juan Villalonga y el comisario jubilado José Manuel Villarejo.
Según relata Larsen en la grabación, las comisiones las habrían pagado las empresas españolas a «la mujer de K» –en referencia a la mujer saudí–, quien habría entregado la mitad a un empresario español y éste le habría dado todo o parte –cosa que no queda clara en la conversación– a Juan Carlos I.
Anticorrupción libró oficio al consorcio español para que remitiera copia de todos los contratos vinculados con la preparación, desarrollo y ejecución de la Fase II del proyecto de construcción del AVE Medina-La Meca. El consejero delegado remitió un total de 192 contratos –la mayor parte de ellos en inglés–.
Además, libró orden a Reino Unido para tomar declaración como testigo a Larsen, que «no pudo realizarse hasta septiembre de 2019 debido a la escasa colaboración por parte de las autoridades judiciales británicas». La citada manifestó que el rey emérito dijo en su presencia que 50 millones de euros eran para él, «si bien no pudo asegurar que realmente hubiera llegado a cobrar tal cantidad».
CONSEJEROS DELEGADOS Y EMBAJADORES
Asimismo, la Fiscalía tomó declaración en calidad de sospechosa a Shahpari Zangane –«la mujer de K»–, quien aportó documentación relacionada con la adjudicación y ejecución del proyecto del AVE La Meca-Medina. «Señaló que tuvo un papel relevante en la adjudicación final del proyecto al sugerir que enviaran una carta al rey A. (…) siendo ella quien redactó la carta», apunta Fiscalía.
Como consecuencia de ambas declaraciones, se requirió documentación a las empresas españolas involucradas, quienes remitieron la información solicitada. Según Anticorrupción, también se tomó declaración como testigos a varios consejeros delegados.
Los embajadores de España en Arabia Saudí durante el período de tiempo 2005-2017 coincidieron ante el Ministerio Público en el carácter de «agentes mediadores o comisionistas» tanto de la mujer saudí como del príncipe.
En el marco de la investigación, los fiscales españoles se reunieron en 2019 con el fiscal jefe de la Fiscalía del Cantón de Ginebra, Yves Bertossa, quien manifestó estar en disposición de documentación que pudiera estar relacionada con estas diligencias.
RESPUESTA DE ARABIA SAUDÍ
Meses después se archivó la causa y se envió a la Fiscalía del Supremo, pero en octubre de 2020 se acordó reabrir las diligencias en Anticorrupción y se envió una comisión rogatoria a Arabia Saudí para reclamar información de quiénes habría podido participar como intermediarios en la concesión del proyecto. Se tomó declaración como testigo a un miembro de la familia real saudí.
El pasado 4 de abril España recibió respuesta de la autoridad competente, que comunicó que no había encontrado transacciones derivadas de actividades sospechosas entre las compañías españolas y Alshoula Establishments Group o Epic Arabia Project Development Company.
Pastor considera «llamativo» el contrato y su cuantía porque con anterioridad ya se había celebrado otro de la misma naturaleza y por parecido importe. Sin embargo, vista la contestación de Arabia Saudí, «cualquier planteamiento que vaya más allá» a efectos de sostener unos posibles pagos a funcionarios o autoridades saudíes por parte de ambos comisionistas «no es más que una mera especulación o conjetura».
