MIAMI (AP) — Claudia Díaz, una exenfermera del fallecido presidente Hugo Chávez que llegó a ser jefa del Tesoro de Venezuela y enfrenta acusaciones de lavado de dinero en Estados Unidos, solicitó el lunes a un tribunal que le permita salir de prisión tras el pago de una fianza.
La fiscalía federal del sur de la Florida la acusa de aceptar sobornos del magnate de los medios de comunicación Raúl Gorrín para autorizar lucrativas transacciones monetarias cuando ella dirigía la Oficina Nacional del Tesoro de Venezuela hace una década.
Díaz, de 48 años, se desempeñó como enfermera de Chávez antes de que muriera de cáncer en 2013. En 2011 él la nombró directora de la Oficina del Tesoro, pero fue reemplazada en 2013, cuando Nicolás Maduro subió al poder.
La venezolana, quien fue extraditada desde España la semana pasada, presentó un documento en el que rechaza el pedido de la fiscalía de mantenerla detenida y le pide a la corte ordenar que “sea puesta en libertad en espera del juicio en condiciones razonables que fije el tribunal”. Entre esas condiciones propone una fianza de un millón de dólares y detención domiciliaria con un aparato electrónico que supervise sus movimientos.
La Audiencia Nacional española aprobó la extradición de Díaz en octubre. Ella alegaba que podía responder a las acusaciones desde España, donde también ha sido investigada.
Tiene prevista una audiencia por su fianza para el martes.
El esposo de Díaz, Adrián Velásquez, quien se desempeñó como exjefe de seguridad de Chávez, también enfrenta acusaciones en la Florida y está a la espera de ser extraditado después de haber agotado sus apelaciones ante la Audiencia Nacional.
Ambos están acusados de aceptar al menos 4,2 millones de dólares en sobornos y documentos de la corte muestran que la pareja transfirió millones de dólares fuera de Venezuela comprando barras de oro a través de una compañía fachada en el Caribe y guardándolas en Liechtenstein.
Los fiscales pidieron a la corte que mantenga detenida a Díaz, al considerar que corre el riesgo de fugarse en caso de ser liberada, algo que la exfuncionaria y su defensa rechazan.
Gorrín permanece prófugo de la justicia estadounidense. Vive en Venezuela y está en la lista de personas más buscadas por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos. Washington le impuso sanciones a su cadena de televisión en 2019.
