La ONG subraya «la necesidad urgente de que se abran investigaciones exhaustivas, independientes e imparciales sobre estos crímenes»
MADRID, 18 (EUROPA PRESS)
La organización no gubernamental Amnistía Internacional ha reclamado al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que renueve el embargo de armas impuesto a Sudán del Sur ante la persistente impunidad y el aumento de los incidentes de violencia sexual asociada al conflicto en el país africano.
«El Consejo de Seguridad de la ONU debe renovar su embargo de armas al territorio de Sudán del Sur dada la inacción del Estado para garantizar la rendición de cuentas por la violencia sexual relacionada con el conflicto y proteger a supervivientes, testigos y actores judiciales», ha indicado la ONG en su último informe.
El informe, titulado ‘Si no cooperas, te mato: violencia sexual relacionada con el conflicto e impunidad en Sudán del Sur’, subraya que aún no se han aplicado todas las cláusulas del plan de acción para hacer frente a este tipo de violencia, adoptado por el Gobierno de unidad en enero de 2021, y recalca que la presencia de armas de fuego puede potenciar o facilitar la violencia sexual en el conflicto.
El embargo de armas, impuesto por primera vez en 2018, fue prorrogado durante un año a finales de mayo de 2021, cuando el Consejo de Seguridad de la ONU fijó la aplicación del citado plan de acción como uno de los parámetros de referencia de cara a la revisión de la medida en mayo de este año.
«Amnistía Internacional ha documentado más de una docena de casos de violencia sexual relacionada con el conflicto en los últimos años, entre los que se incluyen mujeres violadas a punta de pistola. Por tanto, el Consejo de Seguridad de la ONU debe renovar su embargo de armas al territorio de Sudán del Sur», ha señalado el director de Amnistía Internacional para África Oriental y Austral, Deprose Muchena.
«Nuestro nuevo informe pone de relieve la necesidad urgente de que se abran investigaciones exhaustivas, independientes e imparciales sobre estos crímenes. Los perpetradores de actos de violencia sexual relacionada con el conflicto deben responder ante la justicia y debe acabarse la impunidad generalizada por estos delitos», ha agregado.
Supervivientes de este tipo de violencia sexual han relatado en declaraciones a Amnistía Internacional que las violaciones fueron perpetradas por diversas personas, entre ellos soldados, un agente del Servicio de Seguridad Nacional (NSS), miembros del rebelde Movimiento de Liberación Popular de Sudán del Sur-En Oposición (SPLM-IO), miembros del grupo armado Frente de Salvación Nacional (NAS), hombres armados, rebeldes y personas desarmadas, incluidos adolescentes.
Así, tres de estas personas han afirmado que fueron secuestradas y obligadas a hacer trabajos forzosos o usadas como esclavas sexuales en periodos de entre dos y cuatro años. Además, tres de ellas han indicado que dieron a luz después de ser violadas.
Angelina, una de las víctimas, ha apuntado que en febrero de 2022 llegaron a su casa varios soldados que la obligaron a salir y la violaron. «Cuando terminó el primero, empezó el segundo. Cuando acabó el segundo, volvió el primero», ha resaltado la mujer, cuya identidad ha sido modificada por motivos de seguridad.
En este sentido, Amnistía Internacional ha recalcado que la violencia sexual en conflicto suele denunciarse poco, sobre todo cuando los supervivientes son hombres. Jacqueline, otra de las supervivientes, ha dicho que vio a hombres armados violar a su vecino a finales de 2018. «Lo desnudaron, (le dijeron) que se agachara. Cuando se arrodilló, empezaron a violarlo por detrás», ha apuntado. Según Jacqueline, posteriormente el hombre se ahorcó.
Por ello, Muchena ha manifestado que «las autoridades sursudanesas deben abordar urgentemente estos casos de violencia sexual relacionada con el conflicto» y que «su respuesta debe basarse en las necesidades médicas, psicológicas y socioeconómicas de las personas supervivientes». «También debe abordar las causas fundamentales de la violencia e incluir a las personas sobrevivientes en la toma de decisiones sobre los asuntos que las afectan», ha añadido.
VIOLACIONES A PUNTA DE PISTOLA
En este contexto, nueve supervivientes han afirmado que los responsables las violaron a punta de pistola y las amenazaron con matarlas a ellas o sus familiares. Gloria ha señalado que fue violada en 2016 tras encontrarse con cinco hombres armados. «El soldado me dijo (…) elige (…) si tengo una relación sexual contigo o te mato a ti y a todos tus hijos», ha relatado.
Elizabeth, otra superviviente, ha manifestado que soldados mataron a tiros a su esposo después de haberlo obligado a mirar mientras la violaban siete militares en 2019.
Así, una activista defensora de los Derechos Humanos ha apoyado la prórroga del embargo como una medida para reducir las violaciones de los Derechos Humanos. «Cuantas más armas tengan (los sursudaneses), más violaciones. La pistola es su fuerza para violar mujeres», ha recalcado esta activista.
Amnistía Internacional ha lamentado además que pese a que tanto ONG como la ONU han documentado cientos de casos de violencia sexual relacionada con el conflicto, los juicios contra los responsables siguen siendo poco habituales, lo que refuerza la impunidad. Desde enero de 2020, sólo unos pocos casos han llegado a juicio, sin que ningún presunto responsable haya sido acusado de crímenes de guerra o tortura.
La ONG ha reseñado además que se opone a que los tribunales militares aborden las violaciones graves de Derechos Humanos contra civiles debido a que no cumplen las normas de imparcialidad procesal y ha pedido a las autoridades que establezcan el Tribunal Híbrido para Sudán del Sur contemplado en el acuerdo de paz de 2018.
Por otra parte, ha solicitado al Gobierno de unidad que suspenda a todos los mandos militares sobre los que existan sospechas razonables de haber ordenado, cometido o facilitado violaciones del Derecho Humanitario, incluidos actos de violencia sexual, hasta que se lleve a cabo una investigación efectiva, independiente e imparcial.
«Suspender a los mandos sospechosos de haber perpetrado actos violencia sexual es un paso vital para cambiar actitudes. Sin embargo, para garantizar un cambio de conducta de los soldados gubernamentales y de los grupos armados y que se hace la justicia, las autoridades sursudanesas deben investigar todos los actos de violencia sexual relacionada con el conflicto y enjuiciar a los presuntos perpetradores, incluidos quienes dan las órdenes», ha zanjado Muchena.
El informe de Amnistía Internacional ha sido publicado una semana después de que la Misión de Naciones Unidas en Sudán del Sur (UNMISS)denunciara que los casos de violencia sexual en el marco del conflicto en Sudán del Sur se han duplicado durante el primer trimestre de 2022 respecto a este mismo periodo del año pasado, en medio de un descenso «general» de la violencia contra civiles en el país.
La misión indicó en un informe que entre enero y marzo de 2022 documentó 63 casos de violencia sexual relacionada con el conflicto, cifra muy superior a los 28 casos documentados en este periodo en 2021. Así, apuntó que los grupos de defensa civil y las milicias han estado detrás de la mayoría de la violencia contra civiles, con un total del 64 por ciento de los incidentes, tras lo que figuran «partes convencionales» en el conflicto, con un 34 por ciento.
