MADRID, 19 (EUROPA PRESS)
El PSOE ha registrado este jueves en el Congreso una proposición de ley para modificar el Código Penal y endurecer, así, las penas por proxenetismo. Además, la norma incluye modificaciones para multar a los clientes de la prostitución.
Los socialistas hacen público este texto un día después de que se haya aprobado en la Comisión de Igualdad la Ley de Garantías de la Libertad Sexual, conocida como Ley ‘solo sí es sí’, a la que había presentado una enmienda sobre este tema.
Esta enmienda no tenía el apoyo de los socios de Gobierno en el Congreso, los cuales advirtieron a los socialistas de que, si esa enmienda salía adelante (previsiblemente con el voto del PP), no votarían a favor del texto completo de la ley.
Finalmente, el PSOE retiró esta enmienda y anunció que este jueves llevaría el texto de la misma al registro de la Cámara baja como propuesta de ley.
Tal y como explica el principal partido que sustenta el Gobierno en la iniciativa registrada, el objetivo de la misma es revertir la situación actual en la que, a su juicio, el proxenetismo está en una situación de «impunidad total».
Según han denunciado, el artículo 187.2 del Código Penal «no castiga cualquier forma de obtención de lucro de la prostitución ajena, sino que exige que esa obtención de lucro se haya llevado a cabo mediante explotación», lo que, a su juicio, «ha llevado a una total inaplicación de este precepto».
NO EXIGE RELACIÓN DE EXPLOTACIÓN
Es por eso que ahora proponen modificar el artículo 187 para que «castigue de forma general el proxenetismo, sin exigir relación de explotación».
Así, el nuevo artículo 187 recoge el castigo de prisión de 3 a 6 años y multa de 18 a 24 meses a quien, empleando violencia, intimidación, o abusando de una situación de superioridad, o de necesidad o de vulnerabilidad de la víctima, determine a una persona a ejercer o mantenerse en la prostitución.
Mientras, en el caso de quien con ánimo de lucro promueva, favorezca o facilite la prostitución de otra persona, aún con el consentimiento de la misma, las penas irían desde 1 a 3 años y las multas de entre 12 y 24 meses.
Además, el texto del PSOE, recogido por Europa Press, determina que estas penas se impondrán en su mitad superior cuando se ejerzan a partir de un acto de violencia, intimidación, engaño o abuso, y también cuando el culpable se hubiera prevalido de su condición de autoridad, agente de esta o funcionario público; cuando el culpable perteneciera a una organización o grupo criminal; cuando este hubiera puesto en peligro de forma dolosa o por imprudencia grave la vida o salud de la víctima; incluyendo cuando la víctima se encuentra en estado de gestación.
Sobre estas modificaciones, el PSOE destaca que, al requerirse que el favorecimiento de la prostitución de realice con ánimo de lucro, se deja fuera del tipo de conductas de mera recepción de dinero proveniente de la persona prostituída (por ejemplo familiares) y otras conductas que pueden resultar neutrales o inocuas.
TERCERÍA LOCATIVA
Del mismo modo, la iniciativa socialista recupera la tercería locativa que pena a aquellos que, con ánimo de lucro y de forma habitual, cedan bienes inmuebles o local para favorecer el ejercicio de la prostitición. Es decir, a los dueños de los clubes, locales y pisos donde las mujeres ejercen esta práctica.
Esta medida estaba incluida en la Ley ‘solo sí es sí’ y retirada, finalmente este miércoles, tras un acuerdo entre Podemos, PNV, Junts, PDecAT, EH Bildu, CUP y ERC, ya que estos partidos reclamaban un debate más sereno sobre este tema y pedían tratarlo en una ley específica como la ley de trata.
Además, la propuesta socialista busca multar a los clientes de la prostitución. Según recoge el texto en su exposición de motivos, «las personas que recurren a las mujeres en situación de prostitución participan directamente del entramado que sostiene esta grave vulneración de los derechos humanos».
«Estas personas representan la condición de posibilidad para que se produzca la prostitución», insiste el PSOE, antes de señalar que este es el motivo por el que en esta propuesta de ley recogen un «reproche penal» para estas personas: una multa de 12 a 24 meses, que se eleva a prisión de 1 a 3 años y multa de 24 a 48 meses si la persona que presta el acto sexual es menor.
«En ningún caso será sancionada la persona que esté en situación de prostitución», indica el texto registrado por el principal partido en el Gobierno.
En este sentido, la propuesta de ley recoge una disposición adicional en la que se reconoce como víctima a las personas que estén en situación de prostitución como consecuencia de las situaciones descritas en el artículo 187 del Código Penal y apunta que estas personas gozarán de los derechos de protección y asistencia integral que se recogen en la ley ‘solo sí es sí’.
