MADRID, 19 (EUROPA PRESS)
38 organizaciones de Derechos Humanos, entre las que se encuentran Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional, han lanzado una campaña para pedir a Argelia que ponga fin a la represión de los Derechos Humanos y exigir la liberación «inmediata» de personas detenidas en el país por ejercer su libertad de expresión.
«La campaña pide a todas las personas, organizaciones y partidos pertinentes que contribuyan a exigir colectivamente el fin de la criminalización del ejercicio de libertades fundamentales en Argelia utilizando la etiqueta #NotACrime», han indicado en un comunicado conjunto.
Al menos 300 personas han sido detenidas desde principios de 2022, y hasta el 17 de abril, en el país por ejercer su derecho a la libre expresión, reunión pacífica o asociación, según el defensor de los Derechos Humanos, Zaki Hannache.
«Las detenciones y sentencias de activistas pacíficos, sindicalistas independientes, periodistas y defensores de los derechos humanos no han disminuido, incluso después de que se cerró el movimiento de protesta», han indicado en un comunicado.
Las organizaciones han puesto de ejemplo la huelga de hambre del activista argelino, Hadi Lassouli, para protestar contra su encarcelamiento arbitrario, así como el caso de Hakim Debazi, quien murió bajo custodia el pasado 24 de abril tras ser puesto en prisión preventiva el 22 de febrero por publicaciones en las redes sociales.
«Los sospechosos de responsabilidad penal por violaciones graves de Derechos Humanos deben comparecer ante la justicia en juicios con las debidas garantías, y las autoridades deben proporcionar a las víctimas acceso a la justicia y a reparaciones efectivas», han pedido.
Esta campaña de concienciación, según han remitido las organizaciones en un comunicado conjunto, se realizará hasta el aniversario de la muerte de Kamel Eddine Fejar, defensor de los Derechos Humanos que murió bajo custodia el 28 de mayo de 2019 tras 50 días de huelga de hambre en protesta por su encarcelamiento por expresar sus opiniones críticas hacia el Gobierno.
La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, se mostró el pasado mes de marzo «preocupada» ante el aumento de las restricciones fundamentales en el país, incluido un aumento de los arrestos y detenciones de los defensores de Derechos Humanos, así como miembros de la sociedad civil y opositores políticos.
«Hago un llamamiento al Gobierno para que cambie de rumbo y tome todas las medidas necesarias para garantizar los derechos de su pueblo a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica», aseguró en un comunicado del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU.
