MADRID, 20 (EUROPA PRESS)
La Justicia argentina ha reconocido este jueves en un fallo judicial la «responsabilidad» del Estado en el «crimen de lesa humanidad» conocido como la masacre de Napalpí, en el que murieron entre 400 y 500 indígenas de las comunidades Qom y Moqoit, hace casi medio siglo en la provincia del Chaco (norte).
La Justicia ha subrayado que el «crimen de lesa humanidad», vinculado al «genocidio de los pueblos originarios», de las etnias Qom y Moqoit, fue perpetrado por policías nacionales y civiles armados que, ayudados por logística aérea, irrumpieron en la zona de El Aguará el 19 de julio de 1924, tal y como ha informado ‘La Nación’.
La jueza federal número 1 de Resistencia, Zunilda Niremperger, ha atribuido la responsabilidad del caso al Estado nacional, al que ha ordenado medidas de «reparación histórica» por el etnocidio ocurrido hace 98 años. El fallo ha declarado que los uniformados «se establecieron a una distancia cercana» y «desde allí dispararon con sus fusiles, todos a la vez y a mansalva por el espacio de una hora».
«Por el impacto de las balas, cayeron muertos estimativamente entre 400 y 500 integrantes de las etnias Qom y Moqoit, entre ellos niñas y niños, mujeres, algunas de ellas embarazadas, varones, ancianos y ancianas», esgrime la sentencia, agregando que los heridos que no pudieron escapar «fueron tratados de las formas más crueles posibles».
Asimismo, la sentencia sostiene que «desde el Estado se llevó adelante una estrategia de construcción de una historia oficial, a los fines de negar y encubrir la matanza, siendo presentados los hechos como un supuesto enfrentamiento».
La Justicia ha ordenado al Estado la realización de un acto público de reconocimiento de su responsabilidad con participación de las víctimas de los pueblos Qom y Moqoit. Asimismo, el Equipo Argentino de Antropología Forense establecerá un plan de trabajo para continuar con las excavaciones, búsqueda y exhumaciones de las fosas comunes de las víctimas.
El juicio ha sido el primero de este tipo en Argentina y el continente americano, marcando un precedente para dar más visibilidad a los crímenes perpetrados contra los pueblos indígenas en el continente.
