CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El gobernador de uno de los estados mexicanos fronterizos con Estados Unidos —y que vive mayores índices de violencia vinculada al crimen organizado— lanzó el viernes una inusual petición: que armas decomisadas a los cárteles puedan reutilizarse y se destinen a policías locales.
Alfonso Durazo, extitular de la seguridad federal y ahora gobernador de Sonora, hizo la solicitud pública ante el presidente Andrés Manuel López Obrador y el secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, durante su participación en la conferencia de prensa matutina que el viernes se realizó en Cajeme, Sonora.
Este estado fronterizo con Arizona tiene gran actividad del crimen organizado —es clave en el tráfico de fentanilo y cuenta con un intenso tráfico de migrantes— y ha sido escenario de sangrientas batallas territoriales entre los “Chapitos”, como se conoce a los hijos del narcotraficante encarcelado Joaquín “El Chapo” Guzmán, y bandas aliadas con el narcotraficante fugitivo Rafael Caro Quintero, uno de los criminales más buscados por Estados Unidos.
Durazo recordó que la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) decomisó en marzo en Navojoa, un municipio de Sonora, el mayor arsenal del que se tiene memoria y que incluía ametralladoras, granadas, armas largas y cortas, fusiles y casi tres millones de cartuchos, "armas nuevas que no han sido utilizadas, que no tienen historia” y que, según el gobernador, podrían destinarse a algunos cuerpos de seguridad municipales.
Las autoridades mexicanas de todos los niveles se han quejado en innumerables ocasiones de que los cárteles tienen armamento más nuevo y potente que las fuerzas de seguridad oficiales.
Un ejemplo fue la exhibición de fuerza del Cartel de Sinaloa en la capital de ese estado del Pacífico en octubre de 2019 o el decomiso de Navojoa, donde se hallaron casi 15.000 cargadores, 128 armas largas, 19 ametralladoras y una subametralladora, seis fusiles calibre .50, ocho vehículos, cuatro remolques y hasta una planta de luz.
Durazo dijo ser consciente de lo delicado de su idea, sobre todo en el tema de la trazabilidad —el rastreo de la vida de un arma— pero pidió a Sandoval que analizara el tema y se intentara buscar alguna vía.
El secretario de la Defensa no se pronunció directamente sobre la propuesta. Indicó que actualmente todas las armas aseguradas que están vinculadas a algún homicidio quedan en resguardo —no dio cifras, pero dijo que eran “una cantidad importante"— y las que no, se destruyen.
Agregó que actualmente hay un proyecto de la SEDENA para poder fabricar armas no solo para el ejército sino para la policía porque “sería más fácil tener un control de ellas" y no habría que "depender del extranjero para adquirir el armamento que se requiere”, ya que en estas importaciones se puede tardar un año ”en puros trámites".
La venta de armas de fuego está estrictamente limitada en México y controlada por la Secretaría de la Defensa. Sin embargo, desde hace años las autoridades sostienen que los cárteles de la droga introducen miles de armas de contrabando, principalmente desde Estados Unidos. México calcula que el 70% de las armas traficadas proceden de ese país, según la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Por eso el gobierno mexicano inició en 2021 una demanda que ha llevado a los tribunales estadounidenses a fabricantes y distribuidores con el argumento de que sus prácticas comerciales negligentes e ilegales han provocado un gran derramamiento de sangre en México. En 2019, según estimaciones de la cancillería, al menos 17.000 homicidios en México estuvieron vinculados con esas armas.
